Informe de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público:
La mayoría de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está en manos de fondos buitre de Wall Street, especuladores financieros multimillonarios, que sin importar que el país esté a oscuras y en un estado de emergencia, negocian con la Junta de Control Fiscal, aumentos en la factura de la luz y la eliminación de subsidios que podrían resultar en la destrucción de nuestra economía y llevar a la miseria a miles de familias puertorriqueñas. Existen alternativas para enfrentarlos.
El pueblo de Puerto Rico, nuevamente, está sufriendo de apagones generalizados y los daños al sistema eléctrico se estiman en más de mil millones de dólares luego del paso del Huracán Fiona. Al día siguiente, luego del huracán y con el país a oscuras, los fondos buitre de Wall Street, en respuesta al tranque con la Junta, solicitaron al tribunal desestimar el caso del Título III de la AEE, lo que abriría las puertas para que estas corporaciones multimillonarias exijan el 100% del pago de sus bonos a la corporación pública en quiebra que no tiene con qué pagar. Lo que estos buitres buscan es que el pueblo sea quien pague con una nueva tarifa fija adicional en la factura de la luz de $26 mensuales para pagarle exclusivamente a los bonistas y eliminar los subsidios a los municipios.
Los fondos buitre argumentan en el tribunal que ya son tres acuerdos que la AEE y la Junta rechazan. Según estas corporaciones multimillonarias, es necesario desestimar el caso de la quiebra y designar un síndico, un funcionario con poderes casi absolutos sobre la AEE, para incrementar las facturas lo suficiente para pagar la deuda en bonos. La jueza Swain, sin embargo, decidió que no desestimará el caso e insistió en que las partes continúen la mediación aunque atenderá en un calendario apretado unas demandas pendientes de la Junta para clarificar el alcance real de los derechos de estos bonistas.
Propuesta de pago insostenible y un ataque directo al bolsillo de las familias más pobres
Documentos de la mediación muestran que los fondos buitre están exigiendo un repago mínimo de hasta 78.4% del valor de los bonos. ¿Y cómo se pagaría? Proponen que se cree una tarifa mensual fija de $26 exclusivamente para pagar la deuda. Esta tarifa sería impuesta por los próximos 50 años y tendría incrementos anuales para ajustarla a la inflación. Esto significa que si un cliente en la actualidad recibe una factura mensual de $75, con este nuevo cargo para pagarle a los fondos buitre tendría que pagar más de $100 mensuales.
Estudios previos han demostrado que estos aumentos fijos en la factura para el pago de la deuda representan un golpe mortal y discriminatorio para las familias más pobres y con menos consumo de energía.
Además, los fondos buitre pretenden que se establezca un “instrumento de valor contingente” (IVC) que tiene como objetivo que si la AEE genera más recaudos de los proyectados, en lugar de utilizarse para el mantenimiento del sistema, se les pase más a los bonistas de lo acordado intentando así obtener más ganancias millonarias y hasta el 100% del valor original de sus bonos a través de dos posibles fuentes:
1) El excedente de los recaudos anuales generados por la nueva tarifa fija que sobrepasen el pago anual estimado de principal e intereses de los bonos. En otras palabras, si los recaudos por esa nueva tarifa de $26 sobrepasa el pago anual acordado para amortizar la deuda, entonces ese sobrante en lugar de pasarse al pago del próximo año quieren que se les pague como una bonificación adicional y generar más ganancias, reduciendo así el recorte de su deuda.
2) Nueva Tarifa Volumétrica de 0.67 centavos por kilovatio-hora – Es otra tarifa propuesta por los buitres, adicional a la tarifa fija de $26 dólares, pero donde el cliente pagaría 0.67 centavos kilovatio-hora si sobrepasa cierto nivel de consumo. Los recaudos de esta tarifa pasarían en inicio a la AEE, pero en el caso de que el consumo anual total de energía eléctrica de la AEE sobrepase las proyecciones establecidas en el Plan Fiscal de 2021, ese exceso en recaudos exigen sirva de pago adicional a los bonistas.
Los municipios bajo ataque de los bonistas también:
Los fondos buitre quieren que el gobierno central elimine o le pague a la AEE por los subsidios que la corporación le otorga a los municipios a través de la llamada “contribución en lugar de impuestos” (CELI), un esquema a través del cual la AEE no paga impuestos municipales a cambio de proveer a los municipios un subsidio por su consumo eléctrico. El CELI ha sido clave para la estabilidad fiscal de los municipios a la hora de contar con mayores recursos para proveer servicios al pueblo.
¿Quiénes son los fondos buitre que poseen los bonos de la AEE? La mayoría de ellos están organizados en el Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE, uno de los comités que desde el comienzo de la quiebra está negociando la reestructuración de la deuda.
Los fondos buitre, como se le llama internacionalmente, son fondos de inversión multimillonarios que se especializan en adquirir en los mercados de inversión acciones o bonos de países y corporaciones en quiebra a descuentos y precios muy por debajo de su valor original para luego demandar e intentar obtener el 100% del precio de venta original.
La siguiente tabla muestra las inversiones de estos fondos buitre en la AEE, según su último informe financiero de abril 2022:
Inversiones de los Fondos Buitre en Bonos de la AEE
| Fondo | Cantidad |
| BlackRock | $710,403,910 |
| Franklin Advisers | $371,874,516 |
| Golden Tree | $1,261,584,110 |
| Invesco | $666,874,230 |
| Nuveen | $1,125,678,000 |
| Taconic | $110,598,543 |
| Whitebox | $119,640,000 |
| Total | $4,366,653,309 |
Este grupo de fondos buitres de Wall Street es dueño de más de la mitad (53%) de la deuda en bonos que se está negociando si tomamos en consideración que la deuda en bonos de la AEE ronda los $8.3 mil millones. Los informes financieros del Grupo Ad Hoc de Bonistas de la AEE muestran que BlackRock, GoldenTree, Nuveen, Taconic y Whitebox compraron sus bonos a partir de noviembre de 2018, esto es, poco más de un año después del paso del Huracán María y cuándo más debilitado ha estado el sistema eléctrico y la AEE. Solamente uno de estos fondos, Franklin, ha sido inversionista tradicional de la AEE desde antes de la quiebra.
Otra de las deudas importantes que se están negociando tiene que ver con los préstamos que la AEE tomó para financiar la adquisición de combustible. Los dueños de esta deuda se organizan en un comité, llamado el Grupo Ad Hoc de Líneas de Combustible. La siguiente tabla muestra las inversiones de este grupo según su informe financiero de septiembre de 2022.
Inversiones de los Fondos Buitre en Líneas de Combustible de la AEE
| Fondo | Cantidad |
| Anchorage | $69,000,000 |
| Brigade | $76,081,818 |
| Davidson Kempner | $139,993,182 |
| Hain | $10,000,000 |
| Marathon | $57,680,274 |
| Serengeti | $15,000,000 |
| Silver Point | $75,000,000 |
| Solus Alternative | $171,529,414 |
| Whitehaven | $60,957,225 |
| Total | $675,241,913 |
El informe financiero señala que el grupo es dueño de prácticamente toda la deuda por concepto de las líneas de combustible. Estos préstamos fueron tomados por la AEE en mayo de 2012 con un grupo de bancos. No obstante, fondos buitre compraron esta deuda al grupo de bancos a un precio reducido y ahora reclaman el mayor pago posible en el tribunal.
El Rol de las Aseguradoras:
El porcentaje de la deuda en bonos en manos de grandes acreedores es mayor si se toma en cuenta a las compañías de seguros que aseguran los bonos de la AEE. La propia solicitud de desestimación establece que el 65% de los bonos o pertenecen a fondos buitre o son asegurados por las compañías de seguros. Se trata de grandes acreedores ya que el valor neto de estas corporaciones consiste en miles de millones de dólares.
Las compañías aseguradoras deberían responder en lugar de cobrarnos porque se les pagó por asegurar esos bonos, asumieron el riesgo y están en mejor capacidad económica que la misma AEE para asumir esos pagos a los bonistas.
Existen otras alternativas:
Si para algo entramos a un proceso de quiebra, el cuál ya cumple más de 5 años y llevamos 8 años de moratoria en el pago de la deuda de la AEE, es porque no tenemos con qué pagar lo que los bonistas piden. Como ocurre con cualquier otro deudor en quiebra debemos reducir o eliminar aquellas deudas que no se pueden pagar.
Así han expresado expertos en el tema como el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA), con base en Ohio, que han recomendado que la respuesta correcta en el proceso de quiebra de la AEE es cancelar y no repagar su deuda en bonos para que sean las compañías aseguradoras, a las que se les pagó para asumir el riesgo, yotros intereses financieros quienes respondan a los bonistas.
La Comisión para la Auditoría del Crédito Público en el 2016 realizó un informe pre-auditoría de la deuda de la AEE donde señala muchísimas irregularidades en las emisiones de estos bonos y que los mismos bonistas, aseguradoras e intereses financieros sabían o debían saber que la AEE se vislumbraba sin capacidad para pagar esos bonos. Es decir, compraron bonos conociendo las dificultades fiscales de la AEE y asumieron el riesgo de un muy posible impago.
Por su parte, la Junta de Control Fiscal, demandó a los bonistas rechazando que tengan algún derecho o garantía sobre los activos o ingresos futuros de la corporación porque sus bonos son lo que se conoce como “revenue bonds”. Los “revenue bonds” de la AEE a diferencia de otros bonos del gobierno, están en un rango inferior de prioridad de pago frente al pago de los gastos operacionales del sistema eléctrico y los sistemas de retiro, y por tanto caen bajo una categoría en el proceso de quiebra de deuda no garantizada.
La Junta afirma en sus demandas que los bonistas sólo tienen derecho de cobro de los depósitos en las cuentas para el pago de esos bonos realizados hasta el 2017 que se transferían del sobrante luego de pagar los gastos operacionales y los sistemas de retiro, postura que los bonistas rechazan porque significaba en la práctica un recorte sustancial de la deuda.
Queda en la Jueza Swain decidir en las próximas semanas el alcance real del derecho de recobro de estos bonistas y hasta dónde permitirá las pretensiones y abusos de estos especuladores financieros frente a la crítica situación económica de la AEE y la frágil economía de la isla.
No obstante lo anterior, la mediación continua y del documento de propuestas se desprende que la Junta y los buitres están llegando a un “happy medium” porque la Junta sí está dispuesta a imponer aumentos fijos en la factura pero de $23 dólares para el pago de los bonos que aunque no llegó a concretarse en un acuerdo son ya ofertas presentadas a los bonistas.
¿Qué podemos hacer?
Como pueblo nostoca exigir al gobierno que se cancele esa deuda, no se acepte ninguna propuesta de la Junta de Control Fiscal que incluya aumentos en la factura de la luz para el pago a los bonistas porque no estamos en condiciones económicas para pagar la deuda mientras existe una crisis real y humanitaria en Puerto Rico de acceso a la energía.
La prioridad ahora debe ser la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico para garantizar unas condiciones mínimas de vida en la isla.
Fuente: Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público
La Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público es una organización sin fines de lucro que nace en mayo de 2017 y cuyo objetivo es dar continuidad a los trabajos iniciados por la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, una entidad gubernamental que fue eliminada en abril de 2017 tras la derogación de la Ley Núm. 97-2015 por el gobierno de Ricardo Rosselló. Los esfuerzos de la Comisión se dirigen a realizar investigaciones e informes sobre la deuda pública y a gestionar la realización de procesos abarcadores de auditoría integral.
