La delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) presentó un paquete de medidas que busca poner freno a la otorgación desmedida de incentivos a inversionistas extranjeros a través de enmiendas a la Ley 22-2012 luego incorporadas a la Ley 60-2019.
“Los beneficios contributivos otorgados a través de estas leyes no han resultado beneficiosos para el país. Al contrario han representando pérdidas mientras resultan en negocio redondo para los beneficiarios”, señaló el representante José Bernardo Márquez Reyes, uno de los autores de las medidas.
La escasa fiscalización y la falta de resultados de estos incentivos ha sido discutida ampliamente por distintos sectores del país. Recientemente el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) reveló que las empresas establecidas con los incentivos apenas generan empleos y representan un impacto mínimo en la economía local. El paquete de medidas del MVC busca: recuperación de incentivos en caso de incumplimiento, más y mejores empleos por cada incentivo, derogación de la Ley 22 y procurar mayores ingresos contributivos por cada incentivo.
“La ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas no tan solo ha sido un fracaso para la salud fiscal del gobierno de Puerto Rico, sino que ha traído problemas sociales de gran envergadura, como la agudización del problema de falta de vivienda asequible. El reclamo del pueblo para eliminar estos decretos es claro y contundente. El que tenga oídos que escuche y actúe,” sentenció Mariana Nogales Molinelli, portavoz del MVC en la Cámara, sobre el Proyecto de la Cámara 1395 que derogaría estos beneficios.
El primer proyecto presentado en la conferencia de prensa, el Proyecto de la Cámara 1260, busca mejorar la fiscalización de los incentivos, requiriendo que la revocación sea mandatoria en casos de incumplimiento y otras causales y que acarree la recuperación del incentivo (es decir, que paguen retroactivamente lo que no pagaron en contribuciones en virtud del decreto); el segundo proyecto, el Proyecto de la Cámara 1394, persigue ampliar los requerimientos de creación de empleo por cada decreto y establecer estándares mínimos de salarios y beneficios para los empleos creados; el Proyecto de la Cámara 1395 busca derogar las disposiciones referentes a individuos inversionistas (Ley 22); y la última medida del paquete, el Proyecto de la Cámara 1396, aumentaría las tasas contributivas preferenciales de manera que se puedan allegar más recursos al fisco del Estado y los municipios.
“La poca fiscalización de los incentivos en Puerto Rico es evidente. Si el Gobierno va a conceder un incentivo, lo menos que puede exigir a cambio es el cumplimiento con la ley y sus requisitos. Actualmente hay demasiada discreción ante casos de incumplimiento y muy pocas consecuencias, lo que el Proyecto de la Cámara 1260 atendería,” añadió Márquez Reyes.
Por su parte, el senador Rafael Bernabe Riefkohl explicó que “[e]studios económicos demuestran que las tasas contributivas de varios de los incentivos son excesivamente bajas y, además, se exigen muy pocos empleos al otorgarlos sin estándares de calidad para los empleos otorgados. Por eso estamos proponiendo que se aumenten ambos requisitos, de manera que el trato preferencial que reciben estas empresas redunde en un beneficio económico real para Puerto Rico,” concluyó Bernabe Riefkohl con relación a los Proyectos de la Cámara 1394 y 1396.
