En días como estos, es casi un trabajo diario. Desde antes de que salga el sol comienzan los preparativos del día. Norman, veterano del ejército de EEUU, va preparando el café, cortando los pedacitos de queso para la bandeja de galletitas Ritz. Cuando ya es de día, comienzan a salir a la acera de su casa para decir presente, un día más, en el campamento No Más Antenas en Aguada. Casi todos los vecinos del sector Goyito Muñíz en Aguada son personas jubiladas. Ya no solo han coincidido en esta pequeñísima comunidad, sino en una lucha que vienen librando hace seis años contra la instalación de una antena de telecomunicaciones en su comunidad.
Desde el 2015, la Policía de Puerto Rico está intimidando, amenazando y arrestando a residentes y personas solidarias del sector Goyito Muñiz por protestar contra la construcción de esa antena.
La Comunidad demandó a Innovattel Properties Inc. por presuntas violaciones como daños al Carso Norteño, protegido por su función como filtro natural de agua. (–Ley 292-1999); riesgo de accidente de tránsito aéreo por no construir la antena donde la empresa solicitó y OGP expidió los permisos — (Federal Aviation Administration Reauthorization Act-2018); Distancia de menos de 15 metros entre la antena y el perímetro de una residencia–Ley 89-2000; y porque, de desplomarse, la antena pudiera destruir el hogar más cercano y poner en peligro la vida de residentes. La comunidad también ha denunciado que esta torre se ha construido sin realizar vistas públicas y sin estudios de necesidad.
Aunque todavía el proyecto está impugnado en los tribunales, un juez de primera instancia ordenó en julio que no se le puede bloquear el paso a la empresa para llegar a su antena. La Policía de PR nunca necesitó de esa orden. Siempre ha estado presta a ofrecer escolta y protección a la empresa por encima del derecho fundamental a la protesta de una comunidad de clase trabajadora. Lo último ha sido poner un letrerito para indicar a los manifestantes cuál es el “área de expresión”. En su propia calle, es decir, en su comunidad, la Policía pretende decirle a la gente dónde puede o no expresar su rechazo a que su comunidad se utilice como conejillo de Indias para otra antena 5G y para fragmentar e intervenir su espacio físico y ambiental. Pues resulta que esa “área de expresión” que impone la Policía sin éxito alguno, es precisamente la entrada de una calle donde hay otras residencias, incluyendo un taller de mecánica. Es decir, según la lógica de la Uniformada, se puede bloquear el acceso a esas residencias, lo que no se puede bloquear es el acceso a la antena. Absurdo, sí.
Desde un estrado se pueden escribir órdenes judiciales sobre derechos propietarios sin tener ni idea de cómo se ejerce ese derecho en el campo, en detrimento de toda una comunidad residencial, en un lugar estrecho y no apto para la actividad comercial que esta empresa pretende llevar a cabo. La empresa ha invadido y dañado propiedad privada y pública, intentando subir vehículos pesados por esta comunidad donde no hay condiciones para ello. Hace un tiempo, dañó un puente al pasar un vehículo mucho más pesado del que este soporta; obstruye constantemente el paso a la comunidad. En 2020, un oficial vinculado a la empresa incluso prohibió el paso vehicular a una enfermera intensivista que debía ofrecer servicios médicos a una bebé con una condición crónica. Ha invadido y dañado propiedad privada tratando de subir vehículos pesados por donde sencillamente no hay espacio ni infraestructura para ello. El problema es que la propiedad privada que la Policía defiende nunca es la de los pobres. Siempre es la del Capital.
Cada vez que a la empresa se le ocurre ir a apretar cualquier tornillo en su antena, los manifestantes se enteran porque abren la puerta de sus casas y encuentran un contingente de policías. En Kilómetro Cero nos interesa auscultar todas las formas de violencia que se ejercen en función de la seguridad pública en Puerto Rico. En este caso, vemos una Policía que ejerce un daño psicológico, que intimida, que amenaza, que graba constantemente a quienes protestan en un acto evidente de carpeteo; que arresta frívola y selectivamente a personas que ejercen un derecho fundamental. Una policía que, en lugar de proteger a la comunidad, la reprime, le quita su paz y le ofrece su protección incondicional a quienes ostentan el poder económico privado en este país.
Tendría que haber otra forma de resolver un conflicto comunitario como este. La Policía no está hecha ni capacitada para lidiar con problemas comunitarios, eso está más que probado a lo largo de su historia. Ese cuerpo represivo pretende resolverlo todo a la fuerza y sin razonamiento. Aún así, el trabajo de la Policía NO es quitarle la paz a las comunidades. Tampoco es servirle de escolta privada a empresas millonarias. En Goyito Muñiz no hay grandes inversionistas pero ya se han dado cuenta de que tienen un poder, y es el poder de la protesta, fundamental para la vida democrática. A ese poder no van a renunciar, mucho menos desde la acera misma de sus hogares.
Mira aquí el documental que realizó Kilómetro Cero sobre la violencia policial en Goyito Muñiz.
Publicado originalmente en el portal de Kilómetro Cero.
