Bajo el concepto de la doctrina del shock, Naomi Klein define el “aprovechamiento de las crisis” como un mecanismo donde los poderes políticos y corporativos utilizan las crisis, del orden que éstas sean, para imponer medidas que correspondan a sus intereses. En el caso particular de Puerto Rico la crisis ha tenido la particularidad de sumar múltiples factores. A las dificultades del modelo económico que conllevó la imposibilidad del pago de la deuda pública se sumaron otros factores negativos como la devastación que dejó a su paso el Huracán María, los terremotos, la pandemia del COVID, la corrupción y la dependencia colonial.
La continuidad y contundencia de los golpes recibidos generaron en la población altos niveles de desorientación y una incapacidad acentuada de resistencia social. Esto hizo posible, sin mayor resistencia, las maniobras legales del gobierno de los Estados Unidos para proteger sus intereses con el nombramiento de la Junta Dictatorial que se dio con la anuencia y bienvenida de los partidos de la alternancia. Por su parte, la administración local facilitó la aceleración de las medidas de privatización, el achicamiento del gobierno local, el recorte de múltiples servicios públicos y la imposición de las draconianas medidas de austeridad que han deteriorado las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora.
Desde un punto de vista más optimista la crisis pudo ser también aprovechada como una oportunidad para abordar los problemas fundamentales del país y la puesta en marcha de mecanismos legales y operacionales que permitieran corregir las serias deficiencias del modelo económico prevaleciente hasta el momento crítico, la reconstrucción ordenada de la infraestructura del país, el fortalecimiento de las instancias democráticas, la reducción de la vulnerabilidad energética y del suministro de agua, un giro de timón en la propuesta de desarrollo económico y una superación más holgada de la satisfacción de la deuda pública y la atención necesaria para reducir a un mínimo el impacto futuro del cambio climático, logrando así aumentar la calidad de vida de los puertorriqueños.
Desafortunadamente, la clase capitalista que se alterna y se enriquece en la administración de la colonia, y a la cual corresponde la toma de decisiones sobre hacia dónde se dirigen los esfuerzos para superar la presente realidad, ha tomado sus decisiones basadas en los mismos criterios bajo los cuales el país ha sido conducido desde mediados del pasado siglo. Evidenciando su incapacidad, o por acción deliberada para proteger sus intereses y los de aquellos sectores a los que sirven, se resistieron a la adopción de un programa alterno de crecimiento y desarrollo del país. En términos concretos, la clase política del país se ha dedicado simplemente a la administración de la crisis más que a obtener resultados de beneficio social a través del ensayo de nuevas formas de gobernanza.
Hoy el país sigue un modelo económico que depende de exenciones contributivas, infraestructura subsidiada, mano de obra barata, desplazamiento de comunidades, emigración inducida para “aliviar” el desempleo y dependencia de los fondos federales. Los controles presupuestarios establecidos por la Junta Dictatorial solo han logrado reducir los niveles de ofrecimiento y la calidad de los servicios que presta el gobierno. La alternativa privatizadora lo que ha hecho hasta ahora es transferir la riqueza pública al capital privado y empobrecer la calidad de vida con el deterioro de los servicios esenciales que, por derecho, debe recibir la población.
Así, la privatización de la AEE ha encarecido el costo de la energía y no ha logrado superar las graves deficiencias del servicio. Las medidas sobre las pensiones han condenado a la miseria a los actuales y futuros pensionistas. La ofensiva de recortes contra el principal centro universitario ha deteriorado su ofrecimiento educativo y su capacidad de desarrollo. La ofensiva contra los derechos laborales y el alto costo de vida apuntan a un incremento de los alarmantes niveles de pobreza. Aun con todo el sufrimiento que hoy experimenta el pueblo trabajador, se mira con pesimismo la posibilidad de la satisfacción de la deuda pública tal cual ha sido negociada por la Junta Dictatorial.
La sucesión de escándalos a nivel gubernamental que se han hecho públicos durante los pasados años pone de manifiesto una práctica que trasciende la preocupación ciudadana sobre la corrupción y comienza a hacer evidente un problema más profundo en la gobernanza del país. Se trata de la administración directa de la crisis para el beneficio particular como realidad operacional sistemática. Una y otra vez, más aún en los escándalos recientes, sale a relucir la presión sobre los funcionarios que resisten la firma de contratos, la falta de rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos establecidos, la presencia de múltiples cabilderos, la inclusión de firmas fantasma en los procesos de selección de contratistas, las declaraciones públicas de rechazo a las denuncias que luego se evidencian como falsedades y las multiples contradicciones y omisiones en las declaraciones bajo juramento. Lo anterior, con el notable silencio de los organismos de administración de la justicia.
El presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, señaló en uno de sus discursos: “La palabra crisis en chino se compone de dos caracteres: uno representa el peligro y el otro representa la oportunidad.” Desde nuestra perspectiva, las crisis deben siempre obligar a la reflexión para reconocer qué se hizo bien y qué se hizo incorrectamente. Ante el saldo negativo, se impone la insistencia en lo bien hecho, la erradicación de lo fallido, la innovación creativa y el reto de progresar mediante un trabajo bien hecho. Cambiar nunca debe ser considerada como una mala palabra. Para que haya cambio, las cosas no pueden permanecer iguales.
