SAN JUAN, Puerto Rico (17 de agosto de 2026) – El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) inició hoy el semestre académico bajo modalidades alternas de enseñanza tras la determinación de la Rectoría de suspender temporalmente las clases presenciales por el impacto del racionamiento de agua sobre la Planta Central de Enfriamiento, sistema del que dependen alrededor de 25 edificios del recinto. Además, comienza el semestre con un presupuesto menor al del año anterior que ha llevado a cancelar contratos docentes y cerrar secciones.
Para los caucus estudiantiles y claustrales del Senado Académico riopedrense, este escenario evidencia una crisis administrativa y presupuestaria que contradice la afirmación realizada por la Presidencia de la UPR el pasado 5 de agosto, cuando informó públicamente que todas las unidades del sistema contaban con los recursos necesarios para comenzar el semestre. Afirmamos que esto contrasta incluso con las destituciones y renuncias de decanos y otros administradores, como la más reciente de la Facultad de Ciencias Naturales, entre otros problemas administrativos.
Señalamos también que, apenas cinco días antes del inicio de clases, la Junta de Gobierno aprobó la distribución del presupuesto para el año fiscal 2027, medida que redujo en cerca de $4.3 millones la asignación del Recinto de Río Piedras. La decisión fue rechazada por los cuatro representantes estudiantiles y claustrales ante ese organismo rector.
La insuficiencia presupuestaria es una realidad documentada por el propio recinto. Recordaron que la Junta Administrativa advirtió desde septiembre de 2025 que la asignación presupuestaria disponible, de $176.1 millones era insuficiente para sostener la operación mínima funcional de la institución, identificando una brecha de $14.7 millones de dólares entre los recursos disponibles y las necesidades operacionales.
La situación se refleja particularmente en el área de mantenimiento e infraestructura. La Junta Administrativa certificó una necesidad de $26.83 millones para atender mantenimiento y gastos críticos durante el año fiscal 2027. Sin embargo, el presupuesto contempló apenas $4.92 millones, una diferencia superior a $21 millones. Aunque el Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria recomendó solicitar fondos adicionales para atender esa necesidad, dicha gestión no fue realizada.
Cuestionamos el ajuste presupuestario aprobado el 10 de agosto. Entre otras cosas, la medida transfiere aproximadamente $18.5 millones desde las unidades académicas y administrativas hacia una partida central denominada “asignaciones a transferir”, sin representar ahorros netos para la institución. Hacemos hincapié sobre como el Dr. José E. García Arrarás renunció a la dirección interina del Departamento de Biología, y dejó consignado que «desde su administración se imparten instrucciones para cerrar secciones, cancelar contratos y reducir servicios esenciales». La decana de la Facultad de Ciencias Naturales, doctora Carmen Maldonado Vlaar, fue destituida en medio de controversias por los ajustes financieros.
A nuestro juicio, el principal problema es que los recortes fueron aplicados mediante porcentajes uniformes, sin evaluar las necesidades particulares de cada unidad académica. Como resultado, el Fondo General neto asignado al Recinto de Río Piedras para el año fiscal 2027 quedó en $173.19 millones, cifra inferior al presupuesto del año fiscal anterior que refleja una insuficiencia de $2.93 millones.
Claustrales y estudiantes también expresamos preocupación por la falta de claridad sobre la reclasificación de fondos provenientes de costos indirectos de investigación y reclamaron la divulgación pública de cuánto dinero permanece disponible para financiar directamente la docencia y los servicios estudiantiles.
“El semestre no empieza con normalidad. El Senado Académico documentó que el 44% del estudiantado enfrenta carencia financiera y que el 62% vive con ingresos mensuales de $500 o menos. Esto ha llevado a que cuatro (4) de cada 10 hayan considerado darse de baja. En agosto la Junta de Gobierno le restó a Río Piedras $4 millones adicionales, y todavía no nos dicen cuánto de lo que queda se usará para la actividad académica. Matricularse no debería ser un acto de fe”, expresó Astrid J. Lugo López, portavoz del CSE.
Otro asunto que destacamos es la implementación de la nueva política institucional de ayudas económicas aprobada por la Junta de Gobierno el 30 de junio de 2026 (Certificación Núm. 117 (2025-2026).
Según reporta el CGE-UPRRP, decenas de estudiantes han recibido determinaciones adversas basadas en reglamentaciones que ya fueron derogadas por la nueva normativa. Diez días después, el Decanato de Estudiantes notificó a un grupo de estudiantes que habían excedido el 150% de los créditos permitidos y quedaban fuera de la beca, del préstamo y del Programa de Estudio y Trabajo, fundamentando la decisión en la norma recién derogada y sin derecho a apelación.
El Consejo General de Estudiantes del Recinto informó de forma específica, haber recibido 33 casos de estudiantes afectados provenientes de cinco facultades distintas. Los representantes sostienen que ninguna limitación tecnológica o administrativa puede justificar la aplicación de normas derogadas o privar a estudiantes de los mecanismos de revisión establecidos por la política vigente.
Asimismo, advertimos que controversias relacionadas con ayudas económicas durante el período de matrícula podrían afectar los niveles de retención, los ingresos por matrícula y los indicadores académicos que observan las agencias acreditadoras y el Departamento de Educación de Estados Unidos. Además, que el Fondo General de la UPR del año fiscal 2027 descansa en $154.59 millones en ingresos por concepto de matrícula calculados sobre 38,800 estudiantes, y le atribuye al Recinto de Río Piedras casi $33.81 millones de esa partida.
Aprovechamos el espacio para manifestar preocupación por el impacto que las decisiones presupuestarias podrían tener sobre la plantilla docente. Señalando que la alternativa aprobada por la Junta de Gobierno contempla reducciones en recursos destinados a nombramientos docentes, en momentos en que diversos administradores académicos han presentado renuncias y existen denuncias sobre cancelación de contratos y reducción de servicios esenciales.
“Los efectos de los recortes a la docencia se verán cinco años después, cuando no haya quien dirija una tesis, quien firme una propuesta federal ni quien le conteste a la agencia acreditadora. Entre 2004 y 2021 los nombramientos probatorios docentes del sistema cayeron de 547 a 137, mientras el número de estudiantes bajaba 30% y el personal docente a tiempo completo sin plaza subía de 532 a 679. No se encogió la facultad al tamaño del estudiantado: se sustituyó por contratos. De cada cien dólares de investigación universitaria que se gastan en Puerto Rico, noventa y cuatro se gastan en el sistema UPR. Se está desmantelando la investigación en el país”, expresó Jorge L. Colón Rivera, portavoz del Caucus de Senadores Claustrales.
En una carta abierta dirigida a la Asamblea Legislativa, los caucus sostenemos que la evidencia disponible no respalda la narrativa de normalidad institucional. Reiteraron además su retiro de confianza a la Presidencia de la Universidad y solicitaron a la Junta de Gobierno iniciar un proceso participativo y transparente para la selección del liderato institucional.
En dicha carta, rechazamos también el reclamo infundado de que la Universidad ha sido fiscalmente irresponsable. Afirmamos que los estados financieros auditados consignan que el fiduciario, a nombre de la institución, ha pagado según lo pactado el principal y los intereses vencidos de los bonos de rentas Series P y Q, y otro tanto ocurre con los bonos AFICA. Por cada dólar de deuda que vencía, la Universidad contaba con $4.33 de ingresos comprometidos, cuando el mínimo exigido es $1.50. El renglón de servicio de deuda es de $36.28 millones, la misma cifra al dólar en ambos años fiscales, y el ajuste de $24 millones no lo tocó.
Los claustrales y estudiantes de la UPRRP respaldamos el Proyecto de la Cámara 1201, que propone restablecer gradualmente el financiamiento histórico por fórmula de la UPR; al igual que el Proyecto de la Cámara 880 por sus medidas de fortalecimiento de gobernanza; y rechazamos rotundamente el Proyecto de la Cámara 1256, por entender que limitaría significativamente los espacios de participación universitaria; y solicitaron una asignación especial de $26.83 millones para atender las necesidades urgentes del Recinto de Río Piedras durante el año fiscal 2027.
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