(San Juan, 12 de mayo de 2026) –La Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), denuncia y repudia, el Proyecto de la Cámara, PC1256: Ley para la Estabilización Institucional, Operacional y Fiscal de la Universidad de Puerto Rico, presentado bajo la firma del Representante a la Cámara, Jorge Navarro Suárez. El PC1256, radicado el 5 de mayo del 2026, está finamente alineado con la política de gobierno de la gobernadora Jenniffer González y es una profundización de los ataques que ha venido recibiendo la UPR desde hace más de una década.
“El PC1256, opera como el mapa de ruta y artificio para que, la aún presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, pueda justificar los fatídicos cambios propuestos a la gobernanza de la UPR”, declaró Lida Orta Anés, docente jubilada de la UPR-Recinto de Ciencias Médicas y Coordinadora General de la CMRU. Este es el cuerpo, que propone el Proyecto de la Cámara, PC880, de nueva ley universitaria, y que desde el 2018, ha radicado varios proyectos para reformar la gobernanza universitaria. Proponemos dotar a la UPR de las herramientas estructurales que propicien una mayor participación, flujo de información y toma de decisiones que logren el cabal cumplimiento de su misión y el rendimiento de cuentas al pueblo de Puerto Rico. El mismo está constituido por representantes de los diversos sectores universitarios.
En la actualidad el PC880, para una nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico, radicado por petición de la CMRU en septiembre del 2025, espera por la pronta celebración de vistas públicas.
El PC1256 le inflige daño e inestabilidad a la UPR con medidas draconianas, tales como: ampliar por un periodo de cinco (5) años, el tamaño de la Junta de Gobierno de la UPR al incluir a la Presidenta de la UPR y a los once rectores y rectoras, y además: suspender durante ese período las facultades decisionales, ejecutivas, normativas, presupuestarias, de personal y de gobernanza de los Senados Académicos, las Juntas Administrativas, la Junta Universitaria y los Claustros, las cuales se transfieren, íntegra y exclusivamente, a la Junta de Gobierno. Esta medida es la fórmula perfecta para institucionalizar y profundizar el oportunismo partidista en la UPR y su vinculación con la otorgación de contratos a ciertas entidades, vinculadas directa o indirectamente a las campañas políticas para las elecciones.
“El PC1256 incurre en un obvio conflicto de intereses entre las ramas ejecutiva y legislativa, que erosiona la autonomía Universitaria. Interviene de manera destructiva en la estructura de supervisión operacional establecida en la universidad, cuando pretende incluir a la Presidenta y a los once rectores en el cuerpo máximo de gobernanza, lo que significa que los supervisados se convertirán en supervisores de sí mismos. Nos crea suspicacia la remoción de cinco rectores sustituidos en los recintos por personal de confianza de los expresidentes de la UPR, Miguel Muñoz y José M. Saldaña”, añadió Reynaldo Vélez, representante estudiantil del Consejo General de Estudiantes (CGE) de la UPR-RP ante la CMRU.
“La implementacion de esta ley presenta una abierta violación de los Estándares de Acreditación de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), la agencia acreditadora de los recintos de la UPR. Entre estos, viola el Estándar VII que establece que los miembros del cuerpo máximo de gobernanza de una institución de educación superior tienen que evitar “conflictos de intereses o la apariencia de estos”, en todas sus actividades y entre todos sus constituyentes. ¿Qué mayor conflicto de intereses puede existir si te conviertes en tu propio supervisor?” reclamó Juan Carlos Martínez Cruzado, profesor jubilado y representante docente de UPR-Mayagüez.
“Por otra parte, el argumento de la Presidenta Jordán Conde de la pérdida de fondos federales por los portones cerrados es pura demagogia. Este nefasto proyecto de ley sí pone en riesgo inminente las 258 acreditaciones vigentes de programas académicos del sistema universitario, la acreditación institucional ante la MSCHE y la elegibilidad para fondos federales del Título IV, incluyendo la Beca Pell que reciben los estudiantes. Todo esto con consecuencias directas sobre los más de 42,000 estudiantes matriculados en el sistema”, añadió Astrid Lugo, representante del CGE de UPR-Río Piedras ante la CMRU.
###
Contactos:
Juan Carlos Martínez Cruzado, Representante docente de la UPR-Mayagüez
Astrid Lugo López, Representante del CGE de la UPR- Río Piedras
Lida Orta Anés, Coordinadora General
