En la Universidad de Puerto Rico nada ocurre en silencio. Cada crisis trae su propio ruido, pero el guión —ese que se escribe desde arriba— siempre se parece demasiado. Lo he visto antes. Lo he respirado. A veces literalmente: aquel primero de mayo de 2018, cuando el gas pimienta nos alcanzó a todos en la marcha, entendí que defender la universidad pública es entrar a una historia que otros llevan décadas intentando torcer.
En estos días vuelve a pasar. Destituciones que nadie explica. Renuncias que nadie cree. Movidas del partido de gobierno que se cuelan por los portones como si fueran dueños del campus. Y encima, la sombra larga de la Junta de Control Fiscal, que administra la precariedad como si fuera una ciencia exacta. Nada de esto es nuevo, pero cada repetición duele distinto.
Lo que más me inquieta —quizá por deformación profesional, por pasarme la vida entre papeles viejos— es el lenguaje. Cómo nombran la crisis. Cómo deciden quién es el problema. Rumbo Alterno se dijo sin titubeos: “la administración sigue tomando decisiones que muestran poco compromiso con la comunidad”. Y El Post Antillano lo recordó con una claridad que debería ser obvia: “la UPR es un proyecto de país”. Pero un proyecto de país no se maneja con desprecio ni con improvisación. Mucho menos con una Junta de Gobierno que casi nunca pisa un salón de clases.
Mientras tanto, los que sostienen la institución —trabajadores, estudiantes, docentes— cargan con los recortes, las alzas y el abandono. La austeridad no es un accidente: es un plan para asfixiar la universidad pública hasta que pida aire privado.
El Plan Fiscal certificado para la UPR en 2023 lo deja claro: consolidación de recintos, aumentos de matrícula, recortes por todos lados. No son medidas técnicas; son decisiones políticas. Incluso la prensa que suele evitar mojarse ha tenido que documentar el desastre. El Fideicomiso de Retiro (administrado por la Junta de Retiro) denunció que la administración universitaria le adeuda $186 millones. Tres años de atraso. Tres años de irresponsabilidad. Y aun así, la administración de Zayira Jordán Conde sometió una “enmienda” al Plan Fiscal que ni siquiera incluyó esa partida. Como si la jubilación de miles de empleados fuera un detalle prescindible.
Y esto viene de lejos. La Ley Núm. 4 de 2017 abrió la puerta para imponer un plan 401(k) a los nuevos empleados, como si la UPR fuera una corporación privada. La Junta de Retiro mantiene tres pleitos legales activos por la congelación del sistema de pensiones. Javier Córdova, de JAPPU, lo dijo sin adornos: están socavando el retiro “por diseño”. No es solo austeridad. Es privatización por etapas.
Cuando vuelvo al archivo —a La Correspondencia, Unión Obrera, El Comunista— veo el mismo patrón: el poder inventa personajes para controlar el relato. El trabajador como amenaza. El trabajador como niño eterno. El trabajador como héroe perfecto. Ninguno real. Todos útiles. Hoy hacen lo mismo con los estudiantes y los trabajadores universitarios: los criminalizan para que nadie escuche por qué se organizan.
La UPR se convierte así en un taller donde los grandes intereses imprimen su versión de la realidad. Una universidad fallida, dicen. Una institución que necesita ser corregida desde afuera. Pero Rumbo Alterno insiste en otra ética: “la universidad tiene el potencial de ser manejada por los universitarios”. Esa frase es un desafío. Una invitación. Una advertencia.
Porque lo que está en juego no es solo la UPR. Es la posibilidad de imaginar un país distinto. Un país donde lo público no sea sinónimo de abandono. Donde la educación no sea un privilegio. Y donde la historia, por una vez, no la escriban los mismos de siempre.
Por eso miro más allá de los comunicados oficiales. Escucho el ruido de la imprenta —ahora digital— en Rumbo Alterno, El Post Antillano y Claridad. Escucho el murmullo de los pasillos donde la universidad se sostiene con gestos pequeños pero con una resistencia enorme. Como aquellos tipógrafos de principios del siglo XX —Ventura Mijón Marcial, Emiliano Ramos, Antonio Palau— que leían en voz alta mientras las máquinas seguían imprimiendo.
Defender la universidad pública es defender el país. Pero para hacerlo, primero hay que recuperar el derecho a contar su historia con nuestras propias palabras. Aunque nos manchemos las manos. Aunque intenten fumigarnos el rostro. Aunque duela. Porque si no contamos la historia nosotras y nosotros, otros la escribirán por encima. Y ahí es que perdemos mucho más que una institución: perdemos la posibilidad de imaginar un país que todavía no existe, pero que podría existir si no nos rendimos.
