Señora Presidenta del Comité de Descolonización y demás embajadoras, embajadores y representantes:
Se dirige ante este Comité la licenciada Mariana Nogales Molinelli, representante por acumulación electa y portavoz en la Cámara de Representantes del Movimiento Victoria Ciudadana.
El caso de Puerto Rico no es nuevo para ustedes y han contado con el beneficio de las ponencias anteriores a la mía.
En el 2016, luego de la aprobación de la Ley PROMESA y las expresiones de la Procuradora General y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, quedó al descubierto de manera inequívoca el carácter colonial de Puerto Rico y la falacia del Estado Libre Asociado.
El Presidente, Barak Obama, junto al Congreso de los Estados Unidos y facultado por la ley PROMESA, sin aval del pueblo puertorriqueño, ni proceso eleccionario que así lo determinase, nombró una Junta de carácter supra gubernamental compuesta por siete individuos. Esto, en evidente ejercicio por parte del Congreso de los poderes sobre la colonia.
Así, en abierta violación a las disposiciones del derecho internacional público, la Carta de las Naciones Unidas, las Resoluciones de este cuerpo y la dignidad del ser humano que es también la dignidad de los pueblos, se impuso una Junta colonial que además ha resultado ser de carácter oligárquica y déspota. Esta Junta de Control Fiscal Federal interviene de manera directa en la determinación de política presupuestaria, laboral, ambiental, educativa y económica del gobierno de Puerto Rico y acentúa de manera evidente la situación colonial que vivimos hace casi 123 años.
Hoy quiero abordar cómo el coloniaje afecta directamente las facultades legislativas y las determinaciones de política pública que ejercemos las representantes electas de Puerto Rico a través de la imposición de decisiones en torno al uso de los fondos públicos y hasta el micro manejo de las partidas presupuestarias, y cómo esto ha afectado la gobernanza del país y la viabilidad de Puerto Rico como proyecto. Recordemos que la ley PROMESA le dio a la Junta de Control Fiscal el poder de veto sobre nuestras leyes, con la cooperación de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico y la Jueza Laura Taylor Swain, la cual suele avalar sus decisiones a pesar de los reclamos del gobierno y las residentes de Puerto Rico.
Durante este año, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró vistas públicas para determinar las necesidades de las agencias públicas y fuimos testigos del desmantelamiento acelerado, la falta de recursos de personal y la falta de recursos económicos lo que resulta en que casi todas las agencias gubernamentales, corporaciones públicas, entidades gubernamentales como las procuradurías y nuestra Universidad pública estén al borde de ser inoperantes. Todo esto resulta en carencias y limitaciones para la educación, los servicios de salud y la funcionalidad del gobierno en general que hacen al país invivible o al menos muy difícil.
Hace más de una década que Puerto Rico sufre un proceso de desmantelamiento que se aceleró en 2016 con la Ley PROMESA y el atropello de la Junta de Control Fiscal a través de necropolíticas, aquellas políticas públicas, actuaciones u omisiones del gobierno que tienen el resultado de expulsar a la gente o matarla. Estas necropolíticas impuestas por Estados Unidos y operacionalizadas a través de PROMESA y la Junta han ocasionado la expulsión continuada de población y el éxodo de profesionales y familias. También han ocasionado muertes por falta de servicios esenciales, falta de hospitales como ocurre en la isla municipio de Vieques, falta de electricidad, falta de médicos y especialistas, esperas interminables de meses por una evaluación médica para encontrar que la condición de salud ya está en etapa avanzada o terminal. En fin, necropolíticas.
El plan fiscal impuesto por la Junta, con la anuencia de los gobiernos lacayos, hace inviable cualquier gestión propia que esté dirigida al mejoramiento de los servicios y al desarrollo social y económico autóctonos.
El proceso presupuestario está secuestrado por la Junta. No tan solo limita la cantidad que podemos gastar e invertir sino que entra en establecer partidas específicas que no podemos modificar mediante legislación, tales como el otorgamiento de $750 millones a la privatizadora del servicio eléctrico LUMA, la reducción de $94 millones a la Universidad de Puerto Rico, $95 millones en Educación Especial, reducciones a las pensiones, a las agencias que prestan servicios sociales y a las que están encargadas de velar por nuestros recursos naturales. El control es tal, que la Junta micro maneja las partidas después de aprobadas y tampoco permite que se reprogramen recursos disponibles para necesidades apremiantes. Además, continuamente amenaza con impugnar legislación importante. Y cuando la Asamblea Legislativa aprueba la medida objetada, entonces la Junta prohíbe su implementación y coarta cualquier intento de hacerla valer.
La Junta ha enviado cientos de cartas de amenazas, aquí anejadas, en las cuales nos impide ejercer nuestra función legislativa más allá del asunto económico ya que también incide en aspectos no económicos. Legislación para proteger y garantizar el pago de las pensiones[1] y beneficios[2], para contribuir al pago del retiro[3], legislación para fiscalizar a los proveedores de medicamentos[4], legislación para ayudar a los agricultores[5], legislación para restablecer días de vacaciones y enfermedad a empleados del sector privado[6], legislación para limitar el número de estudiantes por salón y reabrir las escuelas cerradas disponibles[7], para establecer guías en contra del hostigamiento en el empleo[8], aumento al salario de personal de enfermería en el sector público[9], para establecer un fideicomiso de becas para la Universidad[10], para destinar fondos no reclamados en instituciones bancarias a las cuentas IOLTA[11], varios proyectos dirigidos a controlar la arbitrariedad en las aseguradoras médicas. En fin, no se mueve una hoja sin que la Junta de Control Fiscal lo sepa y lo apruebe una vez determine que cumple con PROMESA y el plan fiscal.
De esta forma, la Junta de Control Fiscal ha usurpado nuestro poco espacio de autonomía fiscal, destruyendo a su paso la institucionalidad y gobernanza que teníamos, privatizando los servicios esenciales, liberalizando los procesos de permisos y debilitando protecciones ambientales, mientras promueve la privatización de nuestras playas y la destrucción de zonas importantes de conservación como la zona cársica, boscosa y costera, desprotegiendo a la vez nuestros recursos de agua fundamentales para nuestra subsistencia.
Por otro lado, Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal y el Código de Incentivos Contributivos nos priva de $21,194 millones de dólares que la organización Espacios Abiertos ha denominado como el presupuesto oculto.[12] Todo esto ocurre frente a los ojos de la Junta y del Congreso.
La responsabilidad fiscal es una farsa porque la actuación de la Junta está dirigida por una ideología privatizadora que implementa el nuevo paradigma para la colonia de consumo y que se perfila tan perjudicial como todas las políticas de endeudamiento y austeridad anteriores.
Así entregaron el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica a LUMA, una empresa privada incapaz de realizar esta gestión, con consecuencias terribles tanto para el País como para los trabajadores y trabajadoras de esa industria. Y se proponen imponer el paradigma energético del gas natural para asegurar el mercado que necesita Estados Unidos, privándonos de la transición urgente a fuentes de energía renovables.
Así nos priva de nuestra cultura y de educación primaria, secundaria y universitaria porque para una economía de servidumbre en función de los ricos no hace falta gente educada que pueda trabajar proyectos de desarrollo social y económico sostenible dirigido a mejorar la calidad de vida de las grandes mayorías. Desmantelan también las protecciones laborales porque los derechos obstaculizan sus planes. Y el cambio climático y la urgente protección de los recursos no figuran en proyectos de explotación y enriquecimiento a corto plazo.
A pesar de los esfuerzos para lograr un proceso efectivo de descolonización, Estados Unidos lo obstaculiza y torpedea. El gobierno de los Estados Unidos ha indicado por medio del Departamento de Justicia que nuestra legislatura no tiene poder inherente para ordenar una convención de estatus porque la autoridad reside en el Congreso de Estados Unidos. Exige incluir el estatus territorial como opción y aquí tenemos claro que un esclavo no debe poder votar a favor de la esclavitud, por más convencido que lo esté. Finalmente, establece que la actuación del Congreso para ratificar los resultados de un referéndum es opcional y por lo tanto no vinculante. La última decisión la tiene el Congreso, incluyendo el mantener el estatus territorial y la colonia, contrario a los preceptos del derecho internacional.
La estructura de Congresos de los Estados Unidos cambiante cada dos años en los cuales se imposibilita a un congreso obligar al próximo nos mantiene en un laberinto eterno del cual no podemos liberarnos a menos que salgamos expulsados del mismo hacia otras naciones o peor acabemos muertos.
Hay muchas maneras de matar a un pueblo y precisamente de eso les he hablado hoy: de las necropolíticas más recientes vinculadas a la relación colonial y la necesidad de salvar al pueblo puertorriqueño mediante un proceso de descolonización que no puede esperar un segundo más.
Puerto Rico no puede determinar el desarrollo económico que queremos, los tratados comerciales con los países vecinos y lejanos, no podemos proteger nuestra agricultura ni garantizar la soberanía alimentaria, en fin somos un mercado de consumidores de la metrópolis a expensas de sus intereses económicos y energéticos. Puerto Rico es un mero espectador de todo el desarrollo económico en nuestra periferia.
Privatización, expulsión de población, sustitución de población, paraíso fiscal, desigualdad creciente, salario indigno, falta de oportunidades, coloniaje, coloniaje. La Junta, el Congreso y el Tribunal Federal nos matan. Puerto Rico será un proyecto inviable a menos que la comunidad internacional tome acción inmediata. Si no podemos legislar, si no podemos decidir la política pública, si no podemos decidir cómo usar nuestros recursos, ¿qué campo de acción nos queda? Esta es la radiografía que quiero que examinen y que deriva de las luchas en las que participo y ahora de la información que obtengo como representante electa.
La Junta, el Congreso y el Tribunal Federal nos matan. Ustedes, la comunidad internacional, deben actuar. Salvar al pueblo requiere de acción y decisión. Urge comenzar el proceso de descolonización.
Muchas gracias.
[1] Proyecto de la Cámara 120, ahora Ley 7 de 2021.
[2] Proyecto de la Cámara 2434 (2017-2020).
[3] Resolución Conjunta de la Cámara para destinar $1.4 billones a un fideicomiso para reembolsar contribuciones de empleados.
[4] Ley 82 de 2019, ley que regula beneficios de farmacia y administradores de servicios, que establece una oficina de supervisión.
[5] Resolución Conjunta del Senado 497 para destinar fondos para agricultores afectados por la emergencia del COVID-19.
[6] Proyecto del Senado 1524 (2017-2020), para restablecer días de vacaciones y enfermedad a empleados del sector privado.
[7] Proyecto del Senado 1583 (2017-2020).
[8] Ley 90 de 2020.
[9] Ley 136 de 2020.
[10] Proyecto de la Cámara 2595 (2017-2020).
[11] Proyecto de la Cámara 2310 (2017-2020).
[12] Espacios Abiertos (2017). Tax privileges and the hidden budget: Where is our money? Public policy report: Tax expenditures in Puerto Rico. Disponible en https://espaciosabiertos.org/wp-content/uploads/Tax-privileges-and-the-hidden-budget_Final.pdf.
