En Puerto Rico, el Programa de Educación Especial fue establecido con el fin de garantizar que los niños y niñas con diversidad funcional reciban una educación pública, gratuita y apropiada para sus necesidades. Gracias al caso histórico de Rosa Lydia Vélez vs. Departamento de Educación, se forzó legalmente al Estado a cumplir con estos derechos, sentando un precedente que transformó el panorama educativo de la isla. Este pleito, originado en 1980, culminó con un entredicho permanente que obliga al Departamento a proveer servicios adecuados y acomodos razonables a esta población.
Desde entonces, el sistema ha evolucionado para ofrecer una amplia gama de servicios: terapias ocupacionales, psicológicas y del habla, acomodos en salones de clase, transportación especializada y la presencia de asistentes de servicios. Todo con el propósito de integrar efectivamente al estudiante al proceso educativo. Sin embargo, lo que nació como un acto de justicia y reparación se ha convertido, en muchos casos, en un sistema deformado por la complacencia.
En su intento por evitar querellas y litigios, el Departamento de Educación ha adoptado una postura de permisividad extrema, cediendo ante toda exigencia de algunos padres, incluso cuando estas peticiones no responden al bienestar real del estudiante. Esta actitud ha distorsionado el propósito original del programa. Hoy, se ha vuelto difícil discernir si los acomodos buscan beneficiar al niño o complacer a los adultos.
La responsabilidad de educar no puede recaer exclusivamente sobre el sistema. El hogar también tiene un papel fundamental. Sin embargo, se ha normalizado que el Departamento cargue con todo el peso. Cuando esto se combina con una gestión complaciente, el resultado es un sistema agotado, ineficiente y profundamente injusto para los que trabajan dentro de él.
Los asistentes de servicios estudiantiles, por ejemplo, son quienes más sufren las consecuencias. Son asignados para satisfacer demandas específicas, muchas veces sin considerar su bienestar, preparación o capacidad emocional. El sistema los exprime, los quema y luego los reemplaza como si fueran piezas desechables, todo para evitar una querella más. La complacencia se vuelve cáncer cuando sacrifica a los que sostienen el sistema desde adentro.
Para agravar la situación, existe una profunda desigualdad. Padres con recursos económicos acceden al sistema acompañados por abogados e intercesores, logrando acuerdos a la carta. Mientras tanto, familias con menos recursos enfrentan trabas, rechazos arbitrarios y un sistema que, en ocasiones, no los escucha. El programa ha sido convertido en un espacio donde muchos terceros lucran, pero donde el estudiante, supuestamente el centro de todo, queda relegado.
Ahora, con la reducción de fondos federales, las costuras del sistema comienzan a romperse. Muchos servicios, incluyendo terapias y asistentes, dependían de esos fondos. La crisis se intensifica, pero la estrategia del Departamento sigue siendo la misma: ceder para evitar conflictos. Esta complacencia, disfrazada de cumplimiento, está dejando a estudiantes, familias y profesionales sin las herramientas ni el apoyo necesario.
Esta realidad debe importarle al lector. Esta es la cara del Programa de Educación Especial que no se discute en conferencias de prensa, pero que los asistentes de servicios conocen de primera mano. Es momento de dejar de complacer y comenzar a actuar con responsabilidad, equidad y verdadera visión educativa. El futuro de miles de niños y niñas depende de ello.
