Ante las voces que comienzan a levantarse para denunciar la forma en que el gobierno local ha reaccionado a la ofensiva autoritaria del presidente Donald Trump y el pobre desempeño que ha marcado el inicio de la administración del Partido Nuevo Progresista, se ha pretendido contener la incipiente oposición con el falaz argumento de que, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, “el pueblo votó por esto”.
Con esta afirmación se pretende justificar la andanada de decretos trumpistas, la aceptación de los mismos sin mayor juicio critico por parte del partido gobernante local y la falta de cambios reales y positivos que reseñar en el inicio de la administración gubernamental.
Si bien es cierto que luego de las evidenciadas irregularidades del proceso electoral el Partido Nuevo Progresista fue declarado vencedor de la contienda política, no es menos cierto que una parte significativa del país no votó por la puesta en práctica de las medidas que emanan de la Casa Blanca, ni por la mediocridad que ha caracterizado el periodo inicial del gobierno local.
De manera muy particular esta vez los trabajadores organizados sindicalmente participaron del proceso electoral y votaron por amplias reivindicaciones sociales y económicas para todo el país y por un conjunto de medidas dirigidas a mejorar las condiciones de vida y trabajo de la Clase Trabajadora.
Entre otras medidas destacan las siguientes: la derogación de leyes que han reducido los derechos de trabajadores y trabajadoras en el sector público y privado; el aumento del salario mínimo a $15.00 por hora en 2025, con ajustes anuales que lo eleven a $18.00 antes de finalizar el próximo cuatrienio; la protección de los derechos laborales; un sistema de salud universal con un pagador único.
En conjunto con lo anterior la Coalición Sindical propuso mejorar el sistema educativo, la autonomía escolar, garantizar una jubilación digna, restituir la fórmula del 9.6% a la UPR, promover el desarrollo sostenible, anular los contratos de LUMA y Genera, hacer una auditoría de la deuda, combatir la corrupción, garantizar vivienda accesible para todas las personas controlando el precio de la venta y alquiler, crear políticas inclusivas y con perspectiva de género, así como garantizar una vida digna a los adultos mayores y población con diversidad funcional, entre otros.
Debemos hacernos conscientes que las demandas y propuestas de los trabajadores no serán consideradas en forma alguna por iniciativa de los funcionarios y los legisladores del partido gobernante. Hacer que las mismas se discutan y se materialicen será de la entera responsabilidad de los proponentes en alianza con los sectores más alertas del país y los legisladores progresistas de minoría.
Consideramos que se hace necesario superar la desilusión ante el proceso electoral. Igualmente, superar el temor a la confrontación del poder, el agotamiento ante la ofensiva que durante los pasados años ha sostenido la clase patronal en conjunto con las administraciones novoprogresistas y populares. Solo así se podrá avanzar en el movimiento sindical del país. A estas alturas y con lo que se avecina, no creemos que haya espacio para la búsqueda de acomodo, conformarse con preservar lo que hay, mantenerse al margen o adoptar la peor de todas las actitudes, la resignación.
En este momento el movimiento sindical debe adoptar una estrategia de lucha conducente a la superación de las dificultades que han lastrado su activismo durante los pasados años. Ante la exclusión del protagonismo de la clase trabajadora y la ofensiva ultra conservadora que proponen los gobernantes en el poder se hace pertinente luchar por la materialización de las propuestas que le fueron presentadas al pueblo durante la campaña electoral y por las cuales un número significativo de electores votó.
No es correcto asumir como correcto el dictado de “el país votó por la agenda anti progresista” que se nos quiere imponer y sentarnos a esperar que llegue, dentro de cuatro años, una nueva elección para volver a presentar las propuestas de la clase trabajadora. Asumir dicha posición es condenar al sindicalismo a un mayor estado de precariedad que aquel que hoy exhibe. El momento exige retomar los objetivos trazados y articular la lucha que es necesaria para materializar los mismos.
La unidad en la acción que acompañó la formulación de la propuesta presentada al país es el punto de partida para encaminar la lucha necesaria. La discusión en cada taller de la propuesta, dirigida a lograr la identificación total de las matrículas con la misma, la preparación de los Proyectos de Ley que sean necesarios, la divulgación de los mismos a través de los medios de comunicación, la radicación de éstos en la legislatura en conjunto con la estructuración del cabildeo y la militancia que posibilita las verdaderas transformaciones en el escenario social.
Los trabajadores y trabajadoras votamos en las pasadas elecciones para mejorar las condiciones de vida y trabajo en que hoy se desenvuelve el pueblo trabajador. Lo hicimos conscientes de la urgencia y la necesidad que tenemos de resolver los asuntos fundamentales que se plantean en la propuesta. También lo presentamos a conciencia de la resistencia que habría de oponer la clase patronal y sus representantes en la administración gubernamental. Ahora corresponde organizar y desarrollar las luchas necesarias para demostrar la corrección y la transformación positiva que disfrutará el país haciendo realidad la misma.
