Recientemente, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) hizo público el despido de dos docentes sin plaza de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras. Ambas alzaron sus voces para defender unos laboratorios de lengua, utilizando criterios académicos. A ambas se les negó la renovación de sus contratos a tiempo completo luego de que el Capítulo de Río Piedras de la APPU publicara un boletín denunciando el cierre de los laboratorios de lengua. Ambas son conocidas por ser miembros de la APPU, e incluso una de ellas forma parte de la Directiva Nacional. Ante los despidos, la APPU radicó una querella ante la Junta de Relaciones del Trabajo (JRT) por discrimen sindical y se encuentra llevando a cabo acciones sindicales para restituirlas en sus puestos.
La no-renovación de contratos a docentes sin plaza como actos de represalia desafortunadamente había resultado un acto común en la universidad neoliberal de las últimas décadas. Conocemos un sinnúmero de casos de docentes sin plaza que, por ser el eslabón más débil dentro de la docencia por las limitaciones en sus derechos reconocidos por el estado, tuvieron que abandonar la universidad luego de valientemente alzar sus voces para denunciar lo que consideraban injusto o incorrecto.
De izquierda a derecha: María del Mar Rosa, presidenta APPU, Dra. Verónica Castro Tirado y Dra. Rosa Mejías, profesoras despedidas. Foto: APPU
Sin embargo, la situación actual se distingue de lo que hemos experimentado en los últimos años, dada la certificación de la APPU como representante exclusivo de la docencia, al amparo de la Ley 130. Antes del proceso que culminó con la victoria de la APPU en las elecciones sindicales de octubre del 2023, nuestra organización se encontraba en un marco jurídico distinto, más limitado con respecto a los derechos laborales de los miembros, sobre todo a los docentes sin plaza, quienes no contaban con seguridad de empleo. Esto exigía que, ante la represalia contra docentes sin plaza, la APPU dependiera casi exclusivamente de acciones sindicales, como movilizaciones y protestas. Ahora, por otro lado, la actividad sindical se encuentra protegida por la Ley 130.
Con lo dicho anteriormente, sin embargo, deberíamos evitar caer en dos errores. El primero sería pensar que la movilización de nuestra matrícula en defensa de nuestros derechos se hace un elemento secundario. Todo lo contrario: para lograr un convenio colectivo que adelante nuestros derechos, es necesario fortalecer el sindicato y demostrar nuestra capacidad para la movilización.
Ante esto, tenemos una gran ventaja con respecto al pasado: si antes la docencia sin plaza tenía que muchas veces esconder su afiliación a la APPU para intentar asegurar su empleo, ahora puede y debe afirmarse como miembro de la APPU y movilizarse en defensa de sus derechos, no solo para adelantar las causas de la negociación colectiva sino para también defenderse de cualquier posible acto de represalia sindical. El que sea un miembro conocido de la APPU ahora fortalece su defensa ante cualquier acto de represalia.
Por todo lo dicho, debería también evitarse el segundo error: el sobre confiar en los procesos legales como mecanismos para mejorar nuestras condiciones laborales. Si bien el marco legal resulta favorable a la causa del activismo sindical de nuestros miembros, esto por sí solo es insuficiente para tener un convenio colectivo de avanzada, que logre igual paga por igual trabajo y asegure toda una serie de beneficios marginales a la docencia sin plaza. La movilización de la membresía sigue siendo un elemento fundamental de nuestro trabajo como sindicato, sobre todo de la docencia sin plaza (la mitad de la docencia), cuyos reclamos nuestra pasada Asamblea General aprobó priorizar en el proceso de negociación.
