Como si no fueran suficientes los casos de acoso laboral, maltrato y violaciones a los derechos del magisterio, medidas cautelares sin sentido que rayan en la tortura, un grupo cada vez mayor de directores escolares están violando el derecho que tienen los maestros de ser representados por la organización de su preferencia. El más reciente de tales casos ocurrió este miércoles 29 de mayo en la Escuela Juan Ponce de León de Florida cuya directora en varias ocasiones se ha negado tan siquiera a comunicarse con los dirigentes de EDUCAMOS que acuden a ella en representación de compañeros afectados.
Dicha actitud patronal violenta no tan solo la normativa establecida por el mismo DE, sino el derecho constitucional de cada maestro a ser parte del grupo de su preferencia, así como la decisión del Tribunal Supremo de los EU en el caso Janus v. American Federation of State, County and Municipal Employees. Todo eso en contubernio con la AMPR [Asociación de Maestros] cuyo bufete patronal parece ir por encima de la División Legal de la agencia. Muchos de estos casos tienen que ver con la aplicación de Ley ADA, acoso laboral, adjudicación de las evaluaciones, ubicación y recursos necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Otro caso es el de los cambios excepcionales, cuya fecha ya han alterado en varias ocasiones mientras hay compañeros que esperan desde hace más de un año porque se les otorguen los cambios solicitados. Una explicación puede ser que no hay plan en el DE. No queremos pensar que le están guardando esos puestos a algún simpatizante como parece ser la costumbre.
Decimos esto porque ya nos hemos reunido directamente con la División Legal del DE, quien ha actuado con la mayor negligencia convirtiéndose en cómplice de los abusos y atropellos contra numerosos compañeros. Los casos se le llevan una y otra vez sin que se tome acción para atender y resolver los mismos. Por ejemplo, ellos mismos nos han dicho que la AMPR no puede establecer política en el DE, pero su inacción tiene el efecto de convertir el bufete patronal de la AM en el ente rector de la agencia.
Todo esto, ante una invisibilidad cada vez mayor de la Secretaria, quien lejos de asumir posición en cuanto a la violación de derechos al magisterio y en cuanto al proceso educativo, parece más interesada en atornillar allegados a su partido en la agencia y en gastar el presupuesto en funcionarios de confianza y en contratos que se tragan el presupuesto que se necesita en las escuelas.
¿Dónde está la Secretaria? ¿Cuál es su prioridad? No tenemos razón alguna para pensar que le preocupa ni el magisterio ni la educación. Si nos equivocamos, le toca a ella demostrarlo fuera de toda duda.
