El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Puerto Rico decretó una huelga indefinida que comenzó el 16 de agosto de 2023. En una huelga anterior el Sindicato negoció con la administración universitaria, pero el acuerdo al que llegaron no se ha honrado. Aún hay trabajadoras y trabajadores del sector de planta física y mantenimiento de la UPR que cobran $7.26/hora. No leyó mal. No solamente cobran mal, estas compañeras y compañeros compiten para ser los empleados, públicos o privados, peores pagos en Puerto Rico. A ese reclamo se le suma el reclamo de defensa de sistema de retiro de beneficios definidos que la Junta de Gobierno, por instrucciones de la Junta de Control Fiscal, quiere desmantelar. Esta huelga es de facto una huelga contra la gerencia universitaria y la Junta de Control Fiscal como ente que orquesta la política pública universitaria. Es la segunda huelga decretada por el Sindicato en menos de un año.
Desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, como resultado de la ley PROMESA, la Universidad de Puerto Rico ha pasado por varios procesos huelgarios y de paralización de labores académicas y administrativas. El cuerpo estudiantil ha tenido dos huelgas generales. En ambos casos han señalado la importancia de defender el presupuesto de la UPR y han denunciado la intervención indebida de la JCF. De hecho, fue el estudiantado en huelga durante el proceso del 2017, el primer grupo social de Puerto Rico en recibir audiencia de la JCF. Las huelgas estudiantiles reclamaron mejores condiciones de estudio, se opusieron a los aumentos en los costos de estudio, pero, más importante aún, exigieron defender la UPR.
De la misma manera, la docencia, representada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), decretó tres días de paralización de labores el pasado agosto del 2020. Similar al cuerpo estudiantil, la APPU hizo reclamos de carácter sindical y laboral mientras cuestionaban la intervención de la JCF. Por su parte también la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), en su proceso de negociación, además de exigir el mantenimiento de derechos adquiridos y defender a su matrícula, exigieron que la administración universitaria defendiera y exigiera respeto para la UPR.
Interesantemente, la respuesta de la gerencia de la UPR en todas estas instancias ha sido la misma. En momentos de conflictos huelgarios y paralización de labores en la UPR, independientemente del sector, nos topamos con una gerencia que nos recuerda a la obra literaria “El Extraño caso de Dr. Jekyl y Mr. Hyde”. La administración universitaria se pasea entre la civilidad y la barbarie. Entre la bravuconería y la sumisión. Cuando las trabajadoras universitarias paralizan las labores reclamando derechos adquiridos, respeto por su retiro y mejores condiciones salariales, la administración amenaza con tribunales y trata de cuestionar su compromiso universitario. Cuando el estudiantado cierra la institución porque reclama mejores condiciones de estudio, más presupuesto para la UPR y una universidad accesible y de calidad, se le sanciona, expulsa y utiliza la fuerza choque para contrarrestar sus acciones.
Sin embargo, cuando se tienen que enfrentar a la JCF son ejemplo de sumisión sosegada. Los “queremos, pero la junta no lo permite” son la orden del día. Nunca escuchamos las acusaciones de “van a hacer que nos desacrediten” cuando hablan con y de la Junta. Aquí sale la otra cara de la gerencia de la UPR.
La gerencia de la UPR tiene el deber ministerial de defender la institución. La comunidad universitaria representa la UPR. La JCF representa el desmantelamiento de esta. La gerencia universitaria tiene que decidir de qué lado está.
