La turba de extrema derecha que asaltó el Palacio del Planalto, el Congreso y el Tribunal Supremo y destrozó los edificios de la Plaza de los Tres Poderes, exigía, el 8 de enero, una “intervención militar” en Brasil.
Desde noviembre, habían instalado campamentos frente a cuarteles del ejército en todo el país, pidiendo a los militares que revocaran la elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El 11 de noviembre de 2022, los mandos de las Fuerzas Armadas hicieron pública una nota en la que daban cobijo – no sólo físico, sino también legal – a quienes acampaban.
Es importante subrayar dos elementos de ese documento: en primer lugar, los comandantes declararon (a través de una interpretación incoherente) que los campamentos golpistas eran legales, porque los manifestantes eran pacíficos, y que serían condenables “tanto las eventuales restricciones a los derechos, por parte de los agentes públicos, como los eventuales excesos cometidos en las manifestaciones”, a pesar de ser un delito exigir que los militares dieran un golpe de Estado (artículo 286). En la práctica, los mandos de las tres fuerzas actuaban allí como intérpretes constitucionales, defendiendo la legitimidad democrática de las acampadas golpistas y diciendo, de antemano, que cualquier medida que tomaran las instituciones contra los campamentos sería considerada ilegal por ellas.
El segundo elemento de la nota es la referencia al concepto de “Poder Moderador”. Reafirmando su compromiso con el pueblo brasileño, los comandantes afirmaron que las Fuerzas Armadas estuvieron “siempre presentes y moderadoras en los momentos más importantes de nuestra historia”. El Poder Moderador fue introducido en la Constitución de 1824, basado en las ideas del francés Benjamin Constant, quien predijo que, para evitar la “anarquía” que había marcado la separación de Poderes, sería necesario otorgar a uno de ellos (en el caso de Brasil, el monarca), un cuarto poder, capaz de resolver las diferencias institucionales.
El 2 de enero, cuando el ministro de Defensa de Lula, José Múcio, declaró que consideraba los campamentos una “manifestación de la democracia”, y que tenía “amigos y parientes” en ellos, no hacía más que repetir lo que las Fuerzas Armadas venían diciendo desde noviembre.
Brasil tiene una larga historia de intervención militar en política. La república brasileña se fundó mediante un golpe militar en 1889. Desde entonces hasta 1989, Brasil experimentó al menos 15 intentos de golpe de Estado, de los cuales cinco tuvieron éxito: incluyendo una dictadura militar de 21 años. Tras la caída de la dictadura en 1985, los brasileños esperaban que se estableciera un control civil sobre los militares y que prevaleciera entre ellos el respeto a la democracia. Pero el propio proceso de redemocratización fue controlado por el Gobierno militar saliente, mediante una “apertura política lenta, gradual y segura”, en palabras del entonces presidente militar Ernesto Geisel, y la presión del ejército sobre la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución de 1988, y que les aseguró el papel de “[garantes] de los Poderes y defensores de la Ley y el Orden”.
Durante los dos primeros mandatos de Lula (de 2003 a 2011) como presidente, los militares adoptaron una estrategia de presión a la hora de tratar con el Gobierno. Sin embargo, desde la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff en 2016, parecen haber vuelto a la primera línea de la política. Impunes, empezaron a surgir declaraciones golpistas entre militares de reserva y en activo, e incluso el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, general Eduardo Villâs Boas, afirmó mediante un tuit “repudiar la impunidad”, cuando el STF se disponía a pronunciarse sobre un recurso de habeas corpus presentado por Lula en 2018. Más tarde, Villâs Boas describiría su tuit como una “advertencia”. El Ejército ha asumido cargos importantes en el Gobierno del expresidente Michel Temer y ha ampliado su participación política en el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, además de amenazar continuamente el proceso electoral de 2022.
El 8 de enero, mientras los edificios gubernamentales de Brasilia eran objeto de vandalismo por parte de multitudes enfurecidas, se debatió un decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) y se movilizaron 2.500 efectivos militares, listos para responder a la escalada de la situación. Si se hubiera firmado dicho decreto, las Fuerzas Armadas habrían sido responsables de controlar la seguridad de la capital federal de Brasil. Lula, por el contrario, decretó una intervención federal “en el área de seguridad del Distrito Federal”, nombrando a Ricardo Capelli, secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, para comandarla. Más tarde, el presidente declaró que si hubiera hecho un GLO, “entonces se estaría produciendo el Golpe que esta gente quería”.
Se está investigando la implicación de militares en los actos del 8 de enero. Numerosos miembros de la reserva de las Fuerzas Armadas participaron en los actos. También se investigan las razones por las que el Batallón de la Guardia Presidencial, el batallón del ejército responsable de la seguridad del Palacio de Planalto, no impidió que los manifestantes invadieran la sede del Gobierno. “Había mucha gente confabulada. Hubo mucha gente de la policía militar que conspiró. Mucha gente de las Fuerzas Armadas de aquí se confabuló. Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que entrara esta gente porque no hay ninguna puerta rota. En otras palabras, alguien facilitó su entrada aquí”, dijo Lula.
Tras la instauración de la intervención federal, las fuerzas de seguridad, comandadas por Ricardo Capelli, reprimieron y detuvieron a los manifestantes golpistas. El 8 de enero, el ejército movilizó vehículos blindados para bloquear e impedir que la policía entrara en el campamento y detuviera a los responsables. Según el Washington Post, el comandante del Ejército, general Julio César de Arruda, dijo al ministro de Justicia, Flavio Dino: “Aquí no va a detener a nadie”. No se permitió a la policía entrar en el campamento hasta el día siguiente.
Este incidente es sólo una manifestación de lo que las Fuerzas Armadas vienen diciendo desde noviembre de 2022: que se consideran un Poder Moderador y que no permitirán – ni siquiera después de la destrucción del 8 de enero – que “agentes públicos” practiquen ningún acto que consideren una “restricción de derechos” de los golpistas.
El Ejército dio cobijo a los golpistas antes y después de que destrozaran los edificios de Brasilia y mientras pedían una intervención del Ejército contra el Presidente. Al mismo tiempo, fue incapaz de proteger el palacio presidencial de semejante turba. Esto envía un mensaje claro sobre a quién pretendía defender el Ejército y cuál considera que es su verdadera misión.
En Brasil, se hace cada vez más urgente que las masas, que gritaron a coro “¡No a la amnistía!” a Bolsonaro durante la toma de posesión de Lula el 1 de enero de 2023, incluyan a los militares en su demanda.
Fuente: Globetrotter
