Durante la Tribuna Antiimperialista celebrada en San Juan el pasado 1 de marzo,, nuestro colectivo tuvo la oportunidad de presentar una breve ponencia sobre el tema «Imperialismo y Privatización en Puerto Rico». A continuación publicamos en su totalidad el documento en que se basó la ponencia presentada.
Sería fácil, y hasta tentador, atribuirle al imperialismo estadounidense toda la responsabilidad por la privatización de las propiedades y los servicios públicos en Puerto Rico. A fin de cuentas, como la colonia más antigua del mundo —primero bajo España y luego bajo Estados Unidos— Puerto Rico lleva los pasados 127 años bajo el control político, económico y militar estadounidense. Pero la realidad es un poco más compleja y si queremos entenderla, tenemos que ir más allá de la denuncia superficial.
Como sabemos, desde el año 1952 el Estado colonial en Puerto Rico, denominado “Estado Libre Asociado”, es el ente responsable de administrar los asuntos internos de la colonia en beneficio de los intereses capitalistas de Estados Unidos.
Así pues, el gobierno de Puerto Rico –administrado por el bipartidismo– ha sido responsable de proveer la infraestructura física necesaria para que el capital estadounidense pueda extraer plusvalía en el país. El gobierno asumió la tarea de establecer y administrar los puertos, aeropuertos, carreteras, transportación pública, el suministro de energía eléctrica, así como los sistemas de acueductos y alcantarillados. En resumen, toda la infraestructura física necesaria para la producción en el país.
De igual manera, el gobierno colonial asumió la responsabilidad de proveer la infraestructura social necesaria para formar la clase trabajadora diestra que requerían las empresas estadounidenses. Esto incluye la educación, incluida la universitaria, la salud y un sistema de servicios sociales.
El problema con este esquema es que el aparato gubernamental tuvo que ser financiado por el propio pueblo de Puerto Rico. Desde finales de la década de 1940 hasta el presente, la mal llamada estrategia de “desarrollo económico” se ha fundamentado en regalar exenciones contributivas a las grandes corporaciones extranjeras mientras el peso contributivo recae sobre el pueblo trabajador. Así pues las multinacionales ganan mientras que el pueblo paga.
Este llamado “modelo desarrollista” se encuentra agotado desde la década de 1970. Solo los llamados “fondos federales” y el aumento vertiginoso de la deuda pública evitaron, de forma temporera, un empobrecimiento generalizado así como una crisis social y política de carácter explosivo. El gobierno colonial se encontró sin dinero suficiente para subvencionar la infraestructura física y social, por lo cual recurrió a dos alternativas: (a) aumentar la deuda pública, es decir, tomar más y más dinero prestado; y (b) privatizar propiedades y servicios públicos. Desde la década de 1990, las diversas administraciones coloniales han promovido activamente políticas de privatización.
Con el aumento de la deuda pública —es decir, de los préstamos contraídos por el gobierno— el capital financiero estadounidense hizo su agosto. Haciendo caso omiso de la capacidad de pago del gobierno colonial, los prestamistas de Wall Street continuaron proveyendo “dinero fácil” a distintas administraciones (tanto del PPD como del PNP), lo que desembocó en una severa crisis fiscal del Estado colonial. Para el año 2015, el entonces gobernador Alejandro García Padilla tuvo que admitir que la deuda pública era impagable.
Esta situación llevó al gobierno de Estados Unidos a imponer una Junta de Control Fiscal que hoy controla las finanzas públicas de Puerto Rico. Al momento de colocar al gobierno colonial bajo sindicatura en 2016, este ya había acumulado $72,000 millones en deuda, además de otros $46,000 millones en obligaciones con los sistemas de retiro, para una deuda pública total de $118,000 millones. Para ese mismo año, el servicio anual de la deuda ascendía a $4,130 millones (1,810 millones en principal y $2,320 millones en intereses).
Este breve recuento nos permite comprobar que la crisis fiscal, y por ende, las políticas de austeridad y privatización, es resultado directo del endeudamiento promovido por el capital financiero estadounidense, que facilitó préstamos al gobierno colonial para sostener la infraestructura necesaria al capital extranjero. No obstante, es importante destacar que las privatizaciones no han beneficiado exclusivamente al capital estadounidense, sino también a capitales de otros países.
Veamos algunos ejemplos:
TELEFÓNICA
La Compañía Telefónica de Puerto Rico fue privatizada en 1998, cuando el gobierno de Pedro Rosselló vendió el 51 % de sus acciones al consorcio estadounidense GTE. Posteriormente, GTE se fusionó con Verizon y, en 2007, América Móvil —del empresario mexicano Carlos Slim— adquirió la empresa, operándola bajo la marca Claro. Actualmente, la empresa está bajo control de capital mexicano.
AAA
Entre 1995 y 2001, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados fue privatizada en dos ocasiones. En 1995, el gobierno de Pedro Rosselló delegó su administración a la empresa PSG, luego llamada Compañía de Aguas, subsidiaria de Vivendi, de capital francés y español.
Tras el fracaso de esa privatización, el gobierno de Sila Calderón volvió a intentarlo mediante un contrato con Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez. En menos de dos años, el contrato fue cancelado.
AEE
La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica se desarrolló en varias etapas.
Primero, entre 1989 y 1990, el gobierno colonial promovió una planta carbonera en Mayagüez mediante el consorcio Cogentrix-Endesa (capital estadounidense y español). El proyecto no prosperó debido a la oposición comunitaria.
Luego, en 2000, se estableció Ecoeléctrica en Peñuelas, propiedad de Naturgy (España), Engie (Francia) y Mitsui (Japón). En 2002 se estableció la planta AES en Guayama, de capital estadounidense.1
Posteriormente, en 2021, se privatizó la operación del sistema de transmisión y distribución mediante un contrato con LUMA Energy (capital canadiense y estadounidense). Finalmente, Genera PR asumió la operación de las plantas generatrices de la AEE, como subsidiaria de la empresa estadounidense New Fortress Energy.
PUENTE TEODORO MOSCOSO / METROPISTAS
El puente Teodoro Moscoso que cruza la laguna San José fue construido en el año 1994 por un consorcio compuesto en un 74% por capital español (Dragados y Construcciones SA). Desde el año 2010 es controlada en su totalidad por la empresa española Abertis.
Comenzando en el año 2011, Metropistas, filial de la empresa española Abertis, opera las autopistas de peaje PR-22 (Expreso De Diego) y PR-5 en Puerto Rico. En 2023 expandieron su operación al adjudicarse cuatro autopistas adicionales (PR-52, PR-66, PR-20 y PR-53).
AEROPUERTO INTERNACIONAL
Desde 2013, Aerostar Airport Holdings administra el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín bajo un contrato de 40 años. Aerostar pertenece mayoritariamente al Grupo Aeroportuario del Sureste (México) y a PSP Investments (Canadá).
AMA – METROBUS
El sistema de transportación urbana Metrobus fue privatizado por el gobierno en 1991. Desde 2008 hasta el 2025 fue operado por First Transit, subsidiaria de Transdev, empresa francesa.
TREN URBANO
El sistema de Tren Urbano fue construido en el año 2005 y fue operado durante sus primeros diez años por la empresa de capital alemán Siemens.
CONCLUSIÓN
El origen estructural de la crisis fiscal que llevó a la implantación de políticas de austeridad y privatización se vincula al modelo de endeudamiento impulsado por el capital financiero estadounidense. Sin embargo, en el proceso de privatización han intervenido capitales franceses, españoles, canadienses, mexicanos, alemanes y japoneses. Esto comprueba que capital no tiene patria: se expande globalmente en su incesante búsqueda de mayores tasas de ganancia. De hecho, mientras en el capitalismo temprano predominaba la exportación de mercancías en su etapa imperialista lo decisivo es la exportación de capital.
Por eso, nuestra lucha no puede reducirse a cambiar de administrador colonial ni a sustituir un imperialismo por otro. El problema no es la nacionalidad del explotador. El problema es el sistema que convierte todo —la electricidad, el agua, la salud, la educación— en mercancía para generar ganancias privadas.
Frente a eso, nuestra respuesta no puede ser el reformismo tímido. La lucha contra el imperialismo, venga de donde venga, es inseparable de la lucha contra el capitalismo. No se puede ser verdaderamente antiimperialista sin ser anticapitalista.
Y esa lucha no la libramos solamente en Puerto Rico. Es internacional. Porque el capital es internacional, y así mismo debe ser nuestra lucha y la organización de la clase obrera. Por eso estamos comprometidos con la construcción de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Compañeras y compañeros: en este momento histórico la disyuntiva sigue siendo la misma: ¡Socialismo o barbarie!
¡Que viva la unidad internacional de la clase obrera!
- Luego de redactado este artículo se anunció que AES fue comprado por un consorcio compuesto por capital estadounidense (Blackrock) y Sueco (EQT Infrastructure VI Fund). Participarán además el fondo de pensiones de California (Calpers) y Qatar Investment Authority (QIA). ↩︎
