A continuación publicamos la ponencia presentada por la conocida periodista Daisy Sánchez en el panel: «Filiberto Ojeda Ríos, A 20 años de su caída en combate», celebrado el 24 de abril de 2025 en la Facultad de Humanidades del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
Mi búsqueda de Filiberto Ojeda Ríos comenzó como una obsesión profesional y terminó como una lección de vida sobre el riesgo, el compromiso y el peso de la historia. Pasó un año antes de recibir la llamada que cambiaría mi destino como periodista. Desde aquel 23 de septiembre de 1990, cuando Ojeda Ríos dejó su grillete frente a las puertas del periódico Claridad, me propuse lo que muchos consideraban imposible: entrevistarlo en la clandestinidad.
Para comprender el reto, es necesario entender el entorno periodístico de la época. Venimos de una tradición donde las redacciones eran más que oficinas; eran trincheras de camaradería y debate, donde el fin de la jornada laboral no significaba el fin del oficio. Ser periodista era una vocación de 24 horas, un ejercicio de resistencia y audacia. La competencia era feroz, pero también había respeto por quienes se atrevían a cruzar fronteras informativas.
Durante aquel año, sembré la semilla de mi intención en cada conversación, en cada encuentro fortuito, en cada espacio donde pudiera llegar el mensaje: quería entrevistar a Filiberto, sin condiciones, sin importar los riesgos. Lo había seguido desde temprano en mi carrera, pero mi fascinación se consolidó durante el juicio celebrado en San Juan por su resistencia al arresto a tiros el 30 de agosto de 1985, en el que un agente del FBI resultó herido. Aquella sala del tribunal fue un escenario de tensiones y contradicciones, un episodio que merecería un análisis aparte, por todo lo que ocurrió dentro y fuera del proceso legal. Pero quedara pendiente para otra ocasión.
El día que la llamada llegó a la redacción de TeleOnce, mi incredulidad fue instantánea. Había esperado esa respuesta por un año y, en ese momento, pensé que alguien bromeaba conmigo. Solo cuando mi interlocutor me ofreció detalles precisos, comprendí que estaba ante una oportunidad única. Filiberto estaba vivo, en Puerto Rico, y estaba dispuesto a hablar.
El encuentro con su mensajero fue breve y lleno de condiciones. Dejé claro que no adelantaría mis preguntas y que no llevaría camarógrafo. Quería evitar comprometer a un colega en una situación de riesgo. Mi decisión también respondía a una necesidad ética: cualquier consecuencia debía recaer exclusivamente sobre mí.
En aquel momento, Puerto Rico estaba bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón y, en Estados Unidos, el presidente era George H. W. Bush. El regreso de Ojeda Ríos a la clandestinidad generó una reacción inmediata. El FBI redobló esfuerzos para capturarlo, considerándolo una amenaza para la seguridad nacional debido a su papel en la lucha armada por la independencia de Puerto Rico. Pero más allá de los titulares y las estrategias de persecución, había una historia humana esperando ser contada, una historia que trascendía la figura de Filiberto y se adentraba en el complejo entramado político y social de la isla.
Años después, su muerte a manos del FBI en 2005 se convirtió en un símbolo de las tensiones entre el gobierno federal y el movimiento independentista. Pero lo que hoy quiero rescatar no es solo su historia, sino el papel del periodismo en documentar momentos que definen el curso de una nación. En tiempos de posverdad y manipulación informativa, recordar a Filiberto Ojeda Ríos es recordar la importancia de la prensa como testigo de la historia.
La confirmación de la entrevista cambió el rumbo de mis días. El nombre de Filiberto Ojeda Ríos figuraba entre los más buscados por el FBI, y su paradero era un misterio absoluto para la opinión pública.
El día señalado, la fecha coincidió con el cumpleaños de mi hijo, que celebraba sus tres años. No había margen de maniobra para cambiar el encuentro. Antes del amanecer, partí al lugar indicado, sin saber que lo que ocurriría a continuación parecería sacado de una película de espionaje.
Bajo la lluvia de la madrugada, llegué a un teléfono público—sí, de esos que ya casi nadie recuerda. Según las instrucciones, debía meter la mano por la parte trasera de la cabina. Entre restos de goma de mascar, encontré el siguiente paso: debía cruzar un callejón oscuro y lleno de basura. Mis pisadas resonaban en la soledad de la madrugada, creando un eco inquietante. Caminé con rapidez hacia la luz al final del túnel, pero antes de que pudiera dar otro paso, una van me bloqueó el camino.
La incertidumbre se transformó en una sensación de claustrofobia cuando me vendaron los ojos. Me dieron varias vueltas por distintas calles, desorientándome por completo hasta que finalmente me hicieron descender. Frente a mí estaban Ojeda Ríos y su lugarteniente, Luis Colón Osorio. En la habitación, había varias personas armadas, con el rostro cubierto.
La imagen de Ojeda Ríos contrastaba con el recuerdo que tenía de él sentado en la sala del Tribunal Federal en San Juan. Ya no lucía sus canas distintivas, sino el negro intenso de un tinte recién aplicado que resaltaba su barba plateada. Su guayabera blanca parecía envolverlo como si le quedara demasiado grande, una señal de que había perdido mucho peso en el último año. Su semblante reflejaba las dificultades del clandestinaje, la evasión constante, el estrés de mantenerse oculto.
La entrevista fue rápida, casi irreal. Perdí la noción del tiempo, pero calculé que duró poco menos de una hora. Antes de despedirme, Ojeda Ríos me miró fijamente y me preguntó si era consciente del riesgo que asumiría al transmitir la entrevista. No dudé: le aseguré que, pese a los contratiempos con las autoridades federales, protegería mis fuentes.
Regresé al lugar donde me habían recogido, nuevamente con los ojos vendados. Mientras trataba de procesar lo que acababa de vivir, el único pensamiento que me mantuvo aferrada a la normalidad fue el cumpleaños de mi hijo. Esa celebración sería la última pausa antes de sumergirme en cinco meses de incertidumbre.
El anuncio de la entrevista sacudió la redacción de la emisora. Finalmente, tras la conmoción, el gerente general autorizó la transmisión, aunque editada. Era el comienzo de un episodio que marcaría mi vida y pondría a prueba mi compromiso con el oficio que tanto amo.
La mañana siguiente amaneció cargada de inquietud. Los primeros agentes federales se presentaron en la redacción como sombras sigilosas, buscando respuestas con una urgencia fría y calculada. No estaba allí para presenciarlo, pero supe que sus primeras preguntas iban directo a la médula: ¿Había realizado la entrevista con autorización? ¿Fue en horas laborables? ¿Dónde estaban los videos? ¿Quién tenía acceso a ellos?
Lo que comenzó como una pesquisa se transformó rápidamente en una persecución. Los citatorios a un gran jurado llegaron uno tras otro, cada uno más implacable que el anterior. Hasta que apareció el definitivo, proveniente de un gran jurado recién constituido, una señal clara de que el gobierno no estaba dispuesto a aceptar negativas. Sabía lo que significaba: seis meses de prisión si me negaba a entregar lo que pedían.
Un gran jurado, esa figura solemne y antidemocrática del sistema judicial federal, está compuesto por ciudadanos con la tarea de determinar si hay evidencia suficiente para acusar a alguien de un crimen. Pero comparecer ante ellos implica un sacrificio: ciertos derechos desaparecen, y uno de los más inquietantes es la imposibilidad de contar con un abogado durante el interrogatorio. En ese escenario, la frase “tener la llave de la cárcel” adquiere un significado literal: si cedía y entregaba los videos, la celda no me esperaba. Si resistía, el precio podía ser la libertad misma.
Fue la Dra. Carmen Lugo Filippi, madre adoptiva de Carlos Enrique Soto Arriví—asesinado en el Cerro Maravilla—quien mejor describió el dilema en el prólogo de la segunda edición de Cita con la Injusticia. Escribió:
“Entre el caos, un binomio se formaba. De un lado, la arrogancia del poder federal, con sus estrategias manipuladoras y su intimidación directa o encubierta. Del otro, la determinación de no doblegarse, sostenida por la convicción de que ciertos principios no son negociables. Pese al miedo creciente, una columna vertebral inquebrantable alimentaba la voluntad de proteger la ética periodística y la confianza de aquellos que habían depositado su fe en ella.”
La postura era clara y sigue siéndolo hoy: el periodismo no es una extensión del poder ni una herramienta de investigación para las autoridades. Su misión es investigar, informar y fiscalizar, operando en un espacio de autonomía donde las presiones externas no comprometan su labor. La confidencialidad de las fuentes no es un privilegio arbitrario; es una necesidad para proteger la verdad y evitar represalias contra quienes exponen irregularidades.
Cuando las instituciones buscan utilizar el trabajo de los periodistas para sus propios fines, cruzan líneas que no deben cruzarse. Obligar a un periodista a revelar sus fuentes no solo pone en riesgo a quienes confiaron en él, sino que erosiona la credibilidad de toda la prensa, debilitando el pacto de confianza entre los medios y la sociedad.
Con este principio en mente, y con la certeza de que dormiría en una celda, me dirigí a la corte del juez de Distrito T. Emmet Claire, en Hartford, Connecticut. El mismo juez, la misma sala y el mismo fiscal que años atrás habían visto el caso del robo a la Wells Fargo por Los Macheteros.
El 10 de diciembre de 1991, la decisión descendió con un veredicto inesperado: había ganado. El juez reconoció el privilegio periodístico y afirmó que debía considerarse incluso ante un gran jurado. Mi caso se convirtió en el primero en el Segundo Circuito en establecer que los periodistas no deben ser obligados a revelar información bajo estas circunstancias.
A menudo me preguntan si tanto sufrimiento valió la pena. Si lo haría de nuevo. La respuesta es sencilla: sí, valió la pena. Y sí, lo haría nuevamente. Porque los derechos son palabras vacías si no hay quienes estén dispuestos a defenderlos.
