Entre el miedo y el asombro, nuestro país observa las intervenciones de funcionarios federales en varias comunidades con el propósito de arrestar para la deportación a personas que encima del dolor de haber tenido que abandonar su país, ahora enfrentan esta agresión xenofóbica y racista. Dichas acciones responden a la orden emitida por el presidente de los EEUU para la deportación de inmigrantes. Se han centrado esencialmente contra nuestros hermanos dominicanos. En dichas comunidades viven muchos de nuestros estudiantes.
El Departamento de Educación tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente propicio para el desarrollo del proceso educativo en todos y cada uno de nuestros planteles. Como parte de esa responsabilidad está defender a nuestra niñez y juventud. Las agencias federales han dicho que pueden intervenir en nuestras escuelas. Tales acciones no solo afectan a los hijos e hijas de los dominicanos que residen en nuestro país, su efecto también alcanzaría y causaría daño a la niñez y juventud puertorriqueña al ver cómo sus compañeros/as son separados de la escuela. Sin duda se trata de un ejercicio de violencia.
Por tal motivo, el Departamento de Educación tiene la obligación de orientar a las comunidades escolares sobre lo que está ocurriendo y ponerse de parte de los más vulnerables, que en este caso son nuestra niñez y juventud. Se deben activar los Comités de Salud y Seguridad, así como el personal de apoyo. Es imprescindible que se establezca un protocolo de seguridad para garantizar el bienestar de nuestro estudiantado, así como del personal docente y otros funcionarios. El gobierno del país, así como el propio DE debe declarar nuestras escuelas como santuarios para evitar las peores consecuencias y aplicar lo que esto implica.
La forma en que se ha estado interviniendo en las comunidades desarticula las mismas. Su efecto en las escuelas y sobre todo sobre nuestro estudiantado puede alcanzar niveles insospechados. La educación debe estar dirigida a la defensa de los derechos de esos sectores cada vez más vulnerables del país, que son precisamente aquellos a los que atiende la escuela pública. Esperamos que el Secretario de Educación, así como las autoridades que administran el gobierno, ejerzan todo el mejor esfuerzo para garantizar que nuestra niñez y juventud no resulte afectada.
Nuestra organización estará participando de las diversas actividades que se convoquen en defensa de los derechos humanos de los sectores afectados por esta situación tan injusta como indeseable. Exhortamos a los diversos grupos y entidades a pronunciarse en apoyo a los afectados, que como siempre son los más pobres cuya condición social es criminalizada una vez más. Afirmamos que ningún ser humano es ilegal y como tal tiene que ser respetado y tratado dignamente.
