El capitalismo francés ha entrado en un nuevo periodo de destrucción masiva de empleo. Los anuncios de cierres y planes de despido se multiplican: Michelin, Auchan, ArcelorMittal, y muchos otros. Según la Confederación General del Trabajo (CGT), 150.000 empleos industriales están en peligro a corto plazo. Al cerrar la producción, las empresas desencadenan una reacción en dominó, con proveedores y subcontratistas que se declaran en quiebra o despiden a sus propios trabajadores.
Al mismo tiempo, la recesión general de la economía golpea duramente a muchas pequeñas y medianas empresas. El número de bancarrotas -66.800 desde enero de 2024- ha superado su máximo de 2010. La caída de la demanda y la explosión de los precios de la energía han hecho imposible que miles de pequeñas empresas devuelvan los préstamos concedidos por el Estado durante la pandemia.
El pasado mes de septiembre, el Banco de Francia revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para 2024 hasta el 1,1%, y ha pronosticado un crecimiento del 1,2% en 2025. Pero estas cifras no tienen en cuenta la actual oleada de quiebras, cierres y despidos. Combinado con las decenas de miles de millones de euros en recortes presupuestarios previstos por el Gobierno, el aumento del desempleo sólo puede minar aún más la demanda y, por tanto, el crecimiento. Para el Gobierno Barnier, también existe el riesgo de ser objeto de una moción de censura en la Asamblea Nacional, y de provocar un importante malestar social.
La cuestión de la deuda
Desde el punto de vista de la defensa de sus intereses de clase, la burguesía francesa no tiene otra alternativa que aplicar drásticas políticas de austeridad para intentar absorber el déficit público, que se prevé que supere el 6% del PIB en 2024. Para 2025, Francia tendrá que pedir prestados al menos otros 300.000 millones de euros, ya que la deuda pública -que ya supera los 3,2 billones de euros- sigue creciendo.
Desde la disolución de la Asamblea Nacional el pasado mes de junio, las condiciones de financiación de la deuda francesa se han deteriorado. España y Portugal se endeudan a tipos de interés más bajos que Francia. Sólo el pago de intereses de la deuda pública francesa podría alcanzar los 55.000 millones de euros en 2025, luego 70.000 millones en 2027 y casi 100.000 millones en 2028. En comparación, el presupuesto nacional de educación en 2024 era de 63.000 millones de euros.
En octubre, las agencias de calificación Fitch y Moody’s asignaron una «perspectiva negativa» a la calificación de la deuda francesa. En su explicación, Moody’s señala que Francia se caracteriza por «un entorno político e institucional que no favorece una coalición en torno a medidas políticas susceptibles de mejorar el equilibrio presupuestario de manera sostenible». En otras palabras, la agencia de calificación está sancionando la crisis del régimen: el descrédito y el bloqueo de los mecanismos que supuestamente deben garantizar la aplicación de las «reformas» que necesita la burguesía.
El gran capital francés necesita un gobierno fuerte. En su lugar, tiene el gobierno de Michel Barnier, miembro de un partido que tiene menos del siete por ciento de los votos, y que se ve obligado a negociar constantemente con las diversas facciones rivales y hostiles de su «mayoría» relativa, así como con la oposición de derechas del Rassemblent National (RN). Hasta la fecha, RN se ha negado a votar a favor de las mociones de censura propuestas por el Nuevo Frente Popular (NFP), pero el creciente descontento del electorado de Marine Le Pen podría llevar al partido a cambiar su postura sobre la cuestión de la censura a corto plazo.
Enfado social
Tras las elecciones parlamentarias anticipadas, escribimos:
«Lenin subrayó que una crisis revolucionaria es a menudo anunciada, o incluso iniciada, por una crisis del régimen político de la burguesía, es decir, de las instituciones, mecanismos y métodos que suelen garantizar su dominación. Es evidente que la crisis del régimen del capitalismo francés, que no es nueva, está a punto de cruzar un nuevo umbral. Como también señaló Lenin, tal crisis, y la división de la clase dominante que la acompaña, abre un espacio para que la clase explotada intervenga e intente revertir la situación en su beneficio. Puede que en Francia aún no hayamos llegado a ese punto, pero vamos directos hacia él. El resultado de las elecciones legislativas ha abierto una nueva fase de gran inestabilidad política.»
Emmanuel Macron tardó tres meses en nombrar un nuevo Gobierno. La aprobación del presupuesto depende de la buena voluntad de RN. En cuanto a la masa de los trabajadores, no siguen los detalles de los juegos parlamentarios, pero toman nota de los ataques brutales que prepara este gobierno, así como de su extrema fragilidad. Todas las capas de la sociedad -con excepción de los más ricos, diga lo que diga Barnier- están en el punto de mira de las medidas de austeridad que figuran en el orden del día. Como consecuencia, la cólera aumenta en toda la sociedad.
En octubre se produjeron huelgas en el sistema sanitario francés para protestar por los recortes de 4.900 millones de euros propuestos en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). Varios hospitales siguen en huelga para exigir más recursos. El 19 de noviembre estallaron huelgas de las guarderías para exigir mejores salarios y más recursos. Los sindicatos de la función pública han anunciado una huelga para el 5 de diciembre. Tras una huelga de advertencia el 21 de noviembre, los sindicatos ferroviarios nacionales prevén una huelga indefinida a partir del 11 de diciembre contra el desmantelamiento de los servicios de transporte de mercancías y la apertura del sector a la competencia.
A principios de 2024, Francia, y Europa en general, vivieron una de las revueltas agrícolas más potentes de las últimas décadas. Desde entonces, las condiciones de vida y de trabajo de los pequeños agricultores no han mejorado y el movimiento vuelve a cobrar fuerza.
Por último, ante la oleada de despidos y cierres de fábricas, se han iniciado varias huelgas indefinidas en las industrias metalúrgica, automovilística y química. No cabe duda de que estallarán otras huelgas para defender los puestos de trabajo.
Un problema de dirección
Los próximos meses serán testigos de una nueva fase de intensificación de la lucha de clases. En este contexto, los trabajadores necesitan un plan de batalla claro y combativo, pero sus dirigentes oficiales no están a la altura.
La Francia Insumisa se ha encerrado en el Palais Bourbon [sede de la Asamblea Nacional], donde hace proliferar enmiendas condenadas al fracaso, en lugar de dedicar todas sus energías a organizar el movimiento extraparlamentario en las calles, los puestos de trabajo y los barrios obreros.
En cuanto a la dirección de la CGT, pide al gobierno de los ricos que declare una «moratoria sobre los despidos», es decir, que traicione los intereses de sus amos. Es cierto que la CGT llama también a «una jornada de convergencia de todas las luchas por el empleo» el 12 de diciembre, pero eso no detendrá a la patronal que se prepara para despedir trabajadores y cerrar centros. La estrategia de las «jornadas de acción», por masivas que sean, ha demostrado repetidamente su fracaso.
El año pasado, por ejemplo, esta estrategia condenó a la derrota la gran lucha contra la reforma de las pensiones, a pesar de su enorme potencial y del apoyo abrumador de la mayoría de la población. Varios sectores habían sacado las conclusiones correctas y se embarcaron en huelgas indefinidas, pero se encontraron aislados debido a la negativa de la dirección de la CGT a extender estas huelgas a otros sectores de la economía.
La estrategia de las «jornadas de acción» puntuales encorseta el movimiento, limita su alcance e impide que adopte una forma que amenace al gobierno y a la clase dominante. Como reconoció abiertamente Sophie Binet (secretaria general de la CGT) en televisión en abril de 2023: «No pedimos que caiga este gobierno, sino que caiga la reforma de las pensiones».
Sólo un movimiento lo suficientemente fuerte como para derrocar al gobierno tiene el poder de interponerse en el camino de sus contrarreformas. Ambos son inseparables. Esto es tan cierto hoy como lo fue durante el movimiento contra la reforma de las pensiones. Al abandonar el objetivo de derrocar al gobierno, Sophie Binet facilita de facto la aplicación de sus políticas reaccionarias.
Unité CGT
Desde diciembre de 2019, destacados directivos de CGT -entre ellos Olivier Mateu, secretario de CGT en Bouches-du-Rhône, y Emmanuel Lépine, secretario de la Federación Nacional de Industrias Químicas- han construido una corriente de izquierdas dentro de la confederación: ‘Unité CGT’. En varias ocasiones, Unité CGT ha insistido en la necesidad de preparar un vasto movimiento de huelgas indefinidas.
Este ala izquierda de la CGT salió muy reforzada de su congreso de marzo de 2023. En particular, votó para rechazar el «Informe de gestión» de la dirección saliente, el documento que detalla su balance de los últimos acontecimientos. Un hecho sin precedentes en la historia de la CGT.
Frente a la actual oleada de despidos, Unité CGT tiene un programa completamente distinto al de la dirección: «Hay que expropiar y nacionalizar, bajo control obrero, los grandes grupos industriales, desde la gran patronal hasta los subcontratistas». Estamos absolutamente de acuerdo.
Toda la CGT debe defender este programa. Tendría un enorme impacto en la conciencia y el espíritu de lucha de millones de trabajadores que sufren las políticas de austeridad, los despidos y todas las consecuencias del capitalismo en crisis.
Los dirigentes de Unité CGT no deberían contentarse con defender su programa paralelamente al programa impotente y ultramoderno de la dirección de la CGT. No es el momento de la diplomacia con Sophie Binet y su entorno; es el momento de una lucha franca y seria, dentro de la propia CGT, para dotar a esta poderosa organización de un programa y una estrategia a la altura de lo que está en juego y de la gravedad de la situación.
Fuente: In Defence of Marxism
Fuente original en francés: Revolution
