La situación del movimiento sindical en Venezuela

En Venezuela se desarrollan y agudizan diversos niveles de contradicciones de clases que configuran la actual realidad nacional. La fuerte lucha por el poder entre la actual dirección gubernamental pro-capitalista y extremadamente autoritaria y la tendencia ultra-reaccionaria opositora, es en gran medida expresión nacional de las contradicciones interimperialistas de alcance global; en definitiva, es una manifestación de la disputa entre diferentes bloques de poder por la hegemonía del capitalismo mundial en su fase imperialista, que se plantean el control del petróleo y otros recursos estratégicos presentes en suelo venezolano, para la acumulación capitalista. En simultáneo y en medio de la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano, se agudiza la contradicción fundamental de la sociedad -la que se desarrolla entre el capital y el trabajo- y que contrapone de manera antagónica los intereses de la burguesía y sus diferentes expresiones políticas -tanto de la oposición como del gobierno- con los intereses de la clase trabajadora, hoy extremadamente dividida y débil.

Obviamente, el movimiento obrero y sindical clasista venezolano, expresado en la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), no se identifica con ninguno de los dos bandos burgueses que polarizan en la confrontación por el poder en el terreno político-electoral. Siempre hemos rechazado y enfrentado el plan de Estados Unidos y sus aliados contra nuestro derecho a la autodeterminación [1] que, incluso utilizando agentes políticos nacionales, han perpetrado crímenes contra la nación y el pueblo venezolano. Pero también, nuestra orientación clasista nos ha llevado a deslindar y confrontar con un gobierno que aplica políticas contrarias a los intereses de nuestra clase trabajadora y cuya retórica “izquierdista” y pretendidamente socialista no se corresponde con su práctica política concreta; precisamente, en el presente escrito, procedemos a explicar ampliamente porqué el sindicalismo clasista de Venezuela no apoya al Gobierno de Nicolás Maduro.

La gestión de Maduro, al frente de la Presidencia de la República, se ha caracterizado por administrar la crisis del capitalismo dependiente y el colapso del rentismo petrolero -agudizado por las criminales sanciones imperialistas- en favor de los capitalistas extranjeros y nacionales, mediante la destrucción del salario y el desmontaje de derechos y conquistas históricas de la clase trabajadora. Desde el momento en que Nicolás Maduro tomó las riendas del Ejecutivo Nacional, comenzó un proceso de reversión de los aspectos progresistas y populares de la gestión de Hugo Chávez. Pasamos del proceso de reformas progresistas -iniciado en 1999- a un proceso de reformas regresivas.

En la última década, se han agudizado al máximo las injusticias y desigualdades propias del modo de producción capitalista. Mediante mecanismos lícitos e ilícitos, gran parte de la renta petrolera se ha dirigido hacia el capital, fundamentalmente hacia sectores de la burguesía importadora y financiera [2]; de tal manera, cientos de miles de millones de dólares se han fugado al exterior, incluyendo el pago por deuda externa de 109 mil millones de dólares entre los años 2013 al 2017, según lo informó el propio Presidente Maduro [3].

Durante el gobierno de Maduro se ha ampliado al extremo la brecha entre salarios y ganancias. Según la economista Pascualina Curcio “En el año 2014, de todo lo que se producía en Venezuela, el 36% se destinaba a los 13 millones de asalariados, mientras que el 31% se destinó a los 400 mil patronos. En 2017 (última cifra publicada por el BCV) solo el 18% se repartió a los 13 millones de trabajadores mientras que los 400 mil burgueses se apropiaron ya no del 31% de la producción sino del 50%, o sea la mitad.” [4]

Política laboral antiobrera y antisindical

Desde los primeros años del Gobierno de Nicolás Maduro se produjeron miles de despidos en empresas del sector alimentación en manos del Estado: centrales azucareros, entidades adscritas a la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), Red de Abastos Bicentenario S.A. (RABSA). La finalidad era desmantelar las redes públicas de producción y abastecimiento popular – creadas por el Presidente Chávez- y avanzar hacia su reprivatización, particularmente con ventajas especiales para el empresario Alex Saab y otros grupos de inversionistas privados [5] [6]. ¿Quién es Alex Saab? [7]

El desmontaje de empresas públicas, reducción de personal y violaciones masivas a derechos laborales, coincidieron con políticas de promoción y apoyo a la burguesía, tendiendo a privilegiar inconstitucionalmente a los capitales foráneos: la aprobación de la Ley de la Inversión Extranjera Productiva, con garantías a los capitales extranjeros para la fuga de capitales; la mal llamada “Ley Antibloqueo”, que facilita procesos de reprivatización sin transparencia, lesionando la soberanía nacional (concesiones y privilegios a la Chevron [8] y otras empresas transnacionales [9]) y creando condiciones favorables para hechos escandalosos de corrupción (trama PDVSA-Cripto [10]); el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de agosto del 2018, engañoso nombre para un programa de ajuste que estableció total liberalización de la economía, dolarización de facto y desmontaje de los derechos laborales.

En aplicación de ese programa económico neoliberal, en octubre del 2018 el Ministerio del Trabajo formuló el Memorando-Circular 2792 [11], una orientación de gobierno para desaplicar los convenios colectivos, dejando sin efecto las conquistas alcanzadas en procesos de negociaciones colectivas y luchas sindicales que se remontan a las grandes huelgas petroleras de 1936 y 1950, la huelga textil de 1980, las grandes batallas sindicales en el magisterio, entre muchas otras.

Precisamente, a partir de la aplicación del programa de ajuste neoliberal y del memorando-circular 2792, prácticamente se paralizaron todas las discusiones de convenciones colectivas de trabajo en Venezuela (lo que ya venía sucediendo hacía unos años antes), con excepción de algunos acuerdos de cúpulas entre la representación patronal y directivos burócratas de varias federaciones sindicales desclasadas, subordinadas al Gobierno, que sin realización de asambleas ni consultas con los trabajadores, pactaron vergonzosas desmejoras -suscripción de fraudulentas “convenciones colectivas” y “actas convenios”-, particularmente reduciendo los salarios e incrementando la bonificación de las remuneraciones, así lo hicieron por ejemplo en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y en el Ministerio de Educación. Sin proponérselo, el propio Ministerio del Trabajo muestra en su página web un dato demostrativo de la virtual paralización de las discusiones y firmas de los convenios colectivos en nuestro país desde el 2016 [12].

Por su parte, el Ministerio del Trabajo autorizó la aplicación fraudulenta en importantes empresas privadas (Coca-Cola, Mondelez, Nestlé, Hotel Meliá, entre muchas otras), de una norma de la Ley Orgánica del Trabajo (148 de la LOTTT) para desaplicar cláusulas salariales de los contratos colectivos y realizar despidos masivos simulados. Con todas esas medidas y otras, el gobierno del “Presidente Obrero” activó una sistemática desregulación laboral sin precedentes en Venezuela -desmontaje de los contratos colectivos, abaratamiento extremo de los despidos, autorización de desmejoras y suspensiones de trabajadores, etcétera-, con el objetivo de descargar sobre los trabajadores activos y jubilados todo el peso de la crisis capitalista y de las medidas coercitivas imperialistas.

En marzo del 2022 el Ejecutivo Nacional, con un Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), aplicó al personal al servicio del Estado un sistema remunerativo ilegal, en el que se reducen hasta en un 50 y 70 % los beneficios alcanzados en los contratos colectivos, afectando principalmente a trabajadores de mayor antigüedad, tanto activos como jubilados del sector público. Tal situación, generó inmediatas protestas de trabajadores al servicio del Estado, con especial protagonismo de las y los jubilados y pensionados [13]. Las solicitudes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) [14] para que fuera anulado el inconstitucional instructivo, no prosperaron, demostrando una vez más que todos los poderes del Estado actúan en consonancia con la política neoliberal de Maduro.

El gobierno instauró el fraude de la bonificación salarial (pagos sin incidencia en las indemnizaciones por despidos, vacaciones, utilidades y otras establecidas en la legislación y en las convenciones colectivas de trabajo). En mayo del 2024 se decretó un “Ingreso Mínimo Integral” -contrario al ordenamiento legal-, equivalente a 133,50 dólares, donde un 97 % (130 $) son bonos sin reconocimiento de su carácter salarial y el resto (3,50 $) es salario mínimo. El salario mínimo mensual, desde marzo del 2022, está congelado en 130 Bs, que en este momento equivale a 3,50 $; también es ese el monto de la pensión otorgada por el seguro social a lo que suman un bono equivalente a 30 $ mensual. Tómese en cuenta que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) correspondiente al mes de julio alcanzó un precio de 542,94 dólares [15] (no damos cifras oficiales porque el Banco Central de Venezuela actualmente no publica esa información).

Para que tengamos idea del proceso de abismal reducción del salario en la era Maduro, en contraposición con el período del Presidente Chávez: en el 2001, el salario mínimo más bono de alimentación alcanzó la cifra de 401 dólares mensuales, entonces el salario venezolano tenía el mayor poder de compra de entre todos los sueldos de América Latina. Pero en agosto de 2017, cuando apenas comenzaban las primeras sanciones contra la economía, el salario ya había disminuido en casi 90 % y actualmente tenemos el cuarto menor salario del mundo [16].

La entrega de bolsas de comida subsidiadas (bolsas CLAP), en general sin proteínas y sin productos de cuidado diario, no compensa de ningún modo la creciente precarización de las condiciones de vida de la clase trabajadora, por el contrario resulta un mecanismo dirigido a promover el conformismo y la inacción social frente a una mayor explotación del trabajo. La aplicación del denominado Sistema Patria para pagar nóminas en el sector público, contribuye a la desalarización del ingreso e institucionaliza el incumplimiento de las obligaciones patronales por convenciones colectivas y ley del trabajo (se recomienda artículo del economista Manuel Sutherland y otros autores [17]). En consecuencia, los trabajadores que deciden quedarse en Venezuela sobreviven con varios empleos precarios, vendiendo su fuerza de trabajo en las condiciones que imponen los patronos o en depauperadas actividades de la llamada economía informal.

La destrucción del salario, que viola la Constitución y la legislación laboral, es la base de la desregulación y flexibilización laboral en Venezuela, donde prácticamente se trabaja sin derechos, los despidos se abaratan, la seguridad social es prácticamente inexistente [18], se incrementan los accidentes de trabajo y hay un estado general de indefensión de la clase trabajadora. Con la sobre-explotación de la fuerza de trabajo, se aseguran altas tasas de ganancias a los patronos privados. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS), organización gremial de los grandes capitalistas, celebra las decisiones del Gobierno de Maduro como expresión del nuevo pacto de élites oligárquicas [19].

Las principales ventajas que ofrece el gobierno venezolano a los capitales extranjeros, para el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, son precisamente: la fuerza de trabajo más barata del continente, la desactivación de las capacidades de negociación y presión colectiva de los trabajadores y los privilegios tributarios a los inversionistas extranjeros [20].

Sirven a tales propósitos las violaciones a la libertad sindical. Las obstrucciones e impedimentos administrativos para el registro de sindicatos y para el reconocimiento de las elecciones sindicales, son mecanismos empleados para impedir el desarrollo del sindicalismo clasista venezolano y para impedir que se cumplan las discusiones de convenciones colectivas de trabajo, en virtud de una norma legal que prohíbe a los directivos sindicales con el período vencido (sin importar las causas de tal situación) presentar, tramitar, discutir y suscribir convenciones colectivas, ni pliegos de peticiones con carácter conciliatorio o conflictivo (Artículo 402 de la LOTTT) [21], afectando también al derecho de huelga. En el colmo de las vulneraciones a la libre sindicalización, en muchos casos se impone como condición para el registro legal de sindicatos de base, la afiliación a la mal llamada Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores, instrumento de colaboración para la imposición de políticas en favor del capital y de las mafias burocráticas del Estado. Esas y otras vulneraciones han sido llevadas por diferentes centrales sindicales a las instancias de la OIT, denunciando al Estado venezolano por violaciones a los convenios internacionales 87 y 98, entre otros.

Especial mención merece la situación del derecho a huelga en Venezuela, que está literalmente conculcado debido a una norma de la Ley del Trabajo (LOTTT) que establece la admisión previa, por la Inspectoría del Trabajo, del pliego de peticiones con carácter conflictivo que presente la organización sindical (Artículo 487 de la LOTTT); en consecuencia, ninguna Inspectoría del Trabajo admite pliegos conflictivos para el inicio de un procedimiento de huelga. Pero además, la mencionada ley le concede al Ministro del Trabajo el poder de decidir discrecionalmente en que sectores y actividades laborales no pueden cumplirse las huelgas (Artículo 484 LOTTT), además de otros artificios legales y seudolegales que hacen imposible la realización de huelgas legales en Venezuela. Lo anterior ha llevado a la realización de acciones sindicales colectivas “no autorizadas”, que terminan siendo criminalizadas con los terribles efectos que explicaremos más adelante.

Las políticas económicas implementadas por Maduro, que descargan el peso de la crisis y los efectos de las sanciones imperialistas sobre la clase trabajadora, han conducido a una migración sin precedentes con más de 7.7 millones de refugiados, de los cuales 6.5 millones fueron acogidos en países de la región, según lo reflejan las estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) [22].

Persecución y criminalización de los trabajadores y sindicalistas que luchan

Entre las prácticas antiobreras y antisindicales del Gobierno de Maduro, las más aberrantes son la criminalización y la judicialización de las luchas laborales. Centenares de trabajadores inocentes, incluyendo dirigentes sindicales, han terminado en la cárcel con juicios amañados, sin ningún respeto al debido proceso y a los derechos humanos, en la mayoría de los casos con los siguientes cargos: instigación al odio, asociación para delinquir, boicot, terrorismo. Situación aplicada también a quienes han denunciado hechos de corrupción cometidos por jerarcas de la burocracia estatal, fundamentalmente en Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) [23].

La CUTV y el FNLCT, desde el 2014 hasta el presente, directamente hemos conocido, atendido y denunciado 73 casos de trabajadores y dirigentes sindicales injustamente judicializados -una serie de casos conjuntamente con el Comité por la Libertad de Trabajadores Presos- algunos encarcelados y otros con medidas cautelares de casa por cárcel o bajo régimen de presentación judicial y con restricciones a sus libertades civiles. Son casos que se han sucedido en diferentes ramas laborales y entidades de trabajo públicas y privadas: Alentuy, Grupo Souto, INSOPESCA, Hidrocapital, construcción, PDVSA, Corpoelec, Lácteos los Andes, Alimex, SIDOR, Ferrominera del Orinoco, controladores aéreos, magisterio, MASISA, entre otros. La CUTV ha informado de toda esa situación a las instancias dirigentes de la FSM, que de manera categórica se pronunció en julio del 2021 [24].

Uno de los casos más emblemáticos es el de la pareja de jóvenes empleados de PDVSA, Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba, quienes denunciaron graves hechos de corrupción (que luego saldrían a la luz pública); sus denuncias no fueron investigadas, pero ellos fueron apresados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el 2020 y permanecieron varios años presos, primero en calabozos del DGCIM y luego en su vivienda, siendo finalmente liberados; Alfredo Chirinos fue brutalmente torturado para obligarlo a declararse “agente de la CIA”[25] y aunque no lo lograron les dictaron sentencia condenatoria, aún sin pruebas que demostraran las graves acusaciones.

También es emblemático el caso presentado en la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), en junio del 2023, con la medida cautelar judicial dictada a 22 trabajadores por participar en un conflicto laboral por mejores salarios, produciéndose también en esa fecha el encarcelamiento y apertura de juicio penal contra dos dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Similares (SUTISS): Leonardo Azócar y Daniel Romero [26]. Hace varios meses Azócar fue puesto en libertad mientras continúan las audiencias de juicio; en tanto, Romero sigue en una cárcel de presos comunes, a pesar de las reiteradas solicitudes de que sea enjuiciado en libertad debido a serios problemas de salud producidos por la golpiza propinada por los policías al momento de su detención.

Otro hecho escandaloso: hace pocas semanas fue sentenciado a 30 años de cárcel el educador Robert Franco, dirigente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Estado Sucre, acusado sin pruebas de terrorismo y otros delitos.

Recientemente, la CUTV promovió una campaña de firmas de sindicalistas del mundo exigiendo libertad plena para todos los trabajadores y líderes sindicales injustamente encarcelados y judicializados por luchar o denunciar [27].

No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro permanece indiferente ante esas urgentes y legítimas exigencias. El claro objetivo es intimidar a la clase obrera y al pueblo trabajador en su conjunto, para que no haya resistencia proletaria y popular a la imposición de la agresiva política neoliberal. Los trabajadores que luchan son considerados criminales por el gobierno venezolano.

Autoritarismo y violación a los derechos políticos de la clase trabajadora

El gobierno de Maduro y la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), han instaurado en los centros de trabajo del sector público y en algunas empresas privadas tuteladas por el gobierno, un férreo control político sobre los trabajadores, mediante un persistente terror patronal. No se plantean convencer sino imponer. En medio de las profundas desmejoras en la calidad de vida, generadas por la política laboral neoliberal, está prohibido protestar, criticar y desacatar la línea de obediencia ciega que imponen los gerentes y directivos de esos centros de trabajo, incluso con presencia policial y militar (Guardia Nacional, Dirección General de Contrainteligencia Militar -DGCIM-, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional -SEBIN-) en importantes empresas, con la finalidad de producir intimidación y eventualmente doblegar protestas obreras, así es por ejemplo en las empresas básicas de Guayana [28], en áreas de la industria petrolera y en la industria eléctrica, entre otras.

El control político patronal hacia los trabajadores, especialmente en el sector público, tiende a agudizarse en los más recientes procesos electorales, en la medida en que se viene registrando un evidente debilitamiento del apoyo popular a la cúpula psuvista. El momento de máxima presión hacia los trabajadores al servicio del Estado se produjo en ocasión de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, situación que aún está en pleno desarrollo.

La asistencia a eventos político-partidistas del gobierno y votar por Nicolás Maduro, fueron consideradas -en general- obligaciones de carácter laboral, bajo amenaza de amonestaciones, sanciones y otras represalias patronales que pudieran llevar al despido e incluso a la cárcel, como efectivamente está sucediendo en la actualidad luego del 28J. Aunque muchos trabajadores prefieren callar por temor a ser calificados de “guarimberos”, “terroristas”, “fascistas” y correr peligro de ser aprehendidos, hemos recibido informaciones concretas de acoso laboral, amenazas, centenares de despidos y sobre todo renuncias bajo coacción por razones políticas [29], en Venezolana de Televisión (VTV), Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Metro de Caracas C.A., Conviasa, Corpoelec (industria eléctrica), Ministerio de Salud, CANTV (telecomunicaciones), SENIAT (superintendencia tributaria), en varias gobernaciones y alcaldías y en muchas otras entidades de trabajo. Esas prácticas de discriminación y terror patronal contra la opinión política de trabajadores se ejecuta en muchas ocasiones con participación de organismos policiales e incluye revisión de celulares y de las redes sociales de las víctimas, en flagrante violación a las garantías constitucionales. Para colmo, las Inspectorías del Trabajo tienden a negarse a procesar las denuncias por esos despidos ilegales y demás actos discriminatorios de carácter político [30].

En los casos de trabajadores que militan en organizaciones políticas diferentes y contrarias al PSUV -incluso de izquierda-, suelen ser despedidos u obligados a renunciar bajo amenaza de ser enviados a la cárcel, mediante el montaje de una simulación de hecho punible. Es el caso del fraudulento montaje cometido a inicios de julio contra el empleado al servicio del Ministerio del Petróleo, camarada Héctor Alejo Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) [31]. Con un grave y temerario señalamiento de terrorismo, sin ninguna prueba, no solo se le pretende despedir, sino abrirle un juicio penal, además creando una narrativa que pudiera emplearse para criminalizar al PCV y a su legítima dirigencia.

Precisamente, forma parte de una vulneración sin precedentes a los derechos políticos de la clase obrera y el pueblo trabajador y en particular a sus luchadores más conscientes, el asalto judicial urdido por el alto gobierno – a través de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia-, contra el PCV en agosto del 2023, precedido de una campaña de difamación, persecución política y censura mediática absoluta contra los militantes comunistas y su dirección legítima [32]. De tal manera, su verdadera militancia fue despojada de la personalidad jurídica y de la tarjeta electoral del PCV, entregándosela a un grupo de activistas del PSUV, quienes actualmente usurpan la representación del PCV. En consecuencia, el verdadero Partido Comunista está ilegalizado de facto en Venezuela.

La intervención judicial del PCV, así como de otras organizaciones de izquierda, más la negativa del CNE a registrar una nueva entidad con fines electorales presentada por organizaciones revolucionarias y de izquierda e individualidades, llevaron a que en las elecciones presidenciales la clase trabajadora no contara con una candidatura alternativa, que cuestionara a los dos polos burgueses causantes de la actual crisis nacional [33].

La actual controversia político-electoral de Venezuela, generada en ocasión de las recientes elecciones presidenciales, muestra en su máxima expresión la orientación extremadamente autoritaria y poco democrática del gobierno venezolano. Lo anterior se pone en evidencia tanto por la negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) -dominado por el gobierno-, a entregar los resultados de las mesas de votación, publicar las actas y realizar las auditorias ordenadas por la ley, como por la brutal represión desatada contra las protestas populares en su mayoría pacíficas, que exigían transparencia electoral. El propio Presidente Maduro informó de más de 2 mil detenidos y 24 fallecidos [34].

Los detenidos por razones políticas a propósito de las protestas luego del 28J, en su gran mayoría son jóvenes y trabajadores (incluyendo decenas de periodistas) y casi todos son habitantes de barriadas populares. Pero según el gobierno, todos los que protestaron los días 29 y 30 de julio son terroristas y delincuentes, situación que ha potenciado las prácticas de extorsión policial a jóvenes y trabajadores en zonas populares, acompañados de una irregular labor policíaca que el gobierno le ha asignado a consejos comunales y a estructuras de base del PSUV [35].

Ciertamente, en los hechos violentos posteriores a las elecciones presidenciales hubo participación de grupos extremistas de la derecha opositora que realizaron algunos aislados actos vandálicos y crímenes, pero estos no fueron dominantes en las manifestaciones populares; por su parte, el Gobierno lanzó a las calles tanto a organismos policiales, como a grupos parapoliciales de civiles (mal llamados “colectivos”) que dispararon contra manifestantes y realizaron todo tipo de agresiones. Funcionarios policiales y “colectivos” realizaron y aun siguen realizando allanamientos a hogares y detenciones sin órdenes judiciales, violentando de forma masiva el debido proceso establecido en la Constitución [36].

En medio de situaciones tan graves, solicitamos solidaridad internacional de clase para exigir cese a la represión y la violencia contra el pueblo, libertad para los injustamente apresados, que detengan y reviertan el acoso y los despidos a trabajadores por su posición política; que la actual crisis político- electoral sea resuelta con total transparencia, sin injerencia de potencias extranjeras y en apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que el Consejo Nacional Electoral -respetando la soberanía popular expresada en el sufragio-, exhiba con la debida verificación ciudadana los votos obtenidos en cada mesa electoral.

Por nuestra parte, desde el movimiento sindical clasista venezolano, seguimos promoviendo la unidad de la clase trabajadora para luchar por la restitución de derechos constitucionales seriamente vulnerados y contra las políticas en favor del capital, sea quien sea que las aplique. Nos oponemos al intervencionismo imperialista y a los intentos de golpe de Estado, así como a la destrucción de la fuerza de trabajo venezolana que está en desarrollo mediante un despiadado programa de ajuste capitalista-neoliberal y unas prácticas extremadamente autoritarias. ¡Gobierne quien gobierne los derechos se defienden!