La Alianza de Empleados y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica asegura que el nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sometido por la Junta de Control Fiscal (JCF) el pasado 25 de agosto con un enfoque atractivo “es un gran engaño” en perjuicio del pueblo de Puerto Rico y “tenemos la evidencia para probarlo”.
“Gracias a la Ley Promesa, el respaldo del gobernador Pedro Pierluisi y el gobierno federal, la JCF hace y deshace en contra del pueblo, pero cuando leemos pausadamente las letras pequeñas, vemos cómo engañan al Pueblo, ya que el plan es peor que el anterior”, confirmó la Alianza integrada por miembros de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE), la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), la Asociación de Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEG-AEE) y el Distrito Autónomo Antonio Lucchetti (DAAL).
De acuerdo con las proyecciones de recaudos de la AEE provistos por LUMA, la Junta de Control Fiscal presentó un Plan de Ajuste de la Deuda, en el cual propone un recorte de $5.68 mil millones a $2.3 mil millones. De entrada, puede parecer atractivo, pero cuando analizamos el lenguaje y las letras pequeñas, “es una estafa a nuestro bolsillo. Terminaremos pagando aproximadamente $6.6 mil millones durante los próximos 35 años con una emisión de bonos al 6 ó 7 por ciento de interés. De no pagarlos en 35 años, continuaremos pagando y se podría extender hasta 70 años”.
El PAD incluye un aumento de 4 centavos por KVH a los abonados para el pago de la deuda. Éste se divide en 1.6 centavos para el pago a los bonistas no asegurados y 2.4 centavos para el pago de las pensiones a los jubilados, lo que equivale .4 centavos por KVH o un 20% de aumento.
Como resultado de dicho plan, pretenden imponernos un cargo fijo mensual entre $1.00 (residenciales) y $112.50 (industriales) por 35 años, más un cargo por consumo volumétrico. La Alianza resumió que “el cargo volumétrico significa que mientras más electricidad consuma, mayor será el costo por KVH. Es como ir a la estación de gasolina y si echa 10 litros le cuesta a 95.7 centavos y si echa 15 litros le costaría a $1.00 y si echa 20 litros el costo será de $1.10 y así sucesivamente”.
El PAD propone pagos significativos en efectivo entre $500 millones y $1,000 millones para el pago de honorarios de abogados, consultores y asesores. Proponen, además, pagarles a los bonistas el 25% de los ahorros operacionales y de combustible realizados por Genera en los próximos diez años.
Lo peor y lo más trágico es que, con este nuevo acuerdo, se obligaría al pueblo a pagarle a los acreedores buitres que consintieron a no cobrar su dinero, si no hubiese fondos conforme con el Contrato de Fideicomiso de 1974. “Se debe tomar en cuenta que la Junta de Control Fiscal obtuvo dos victorias jurídicas, cuando la jueza Laura Taylor Swain determinó que los bonos de la AEE no son asegurados y que, en caso de una quiebra, los bonistas no asegurados cobrarían si sobraba dinero”. A su vez, fijó la reclamación de los bonistas en $2,388 millones. Esto es una cuarta parte de la deuda que los bonistas buitres reclaman.
La Alianza denunció que este desastroso plan “crea un nuevo derecho legal para los bonistas, convirtiendo los bonos no asegurados a bonos asegurados.
Denunció además que, para el pago de las pensiones, “no se establece guía alguna para la implantación o manejo de ese dinero ni por quien”.
En el caso de los empleados movilizados a otras agencias gubernamentales, señalaron que la Junta de Control Fiscal dispone que sus aportaciones sean movidas a un plan de contribución definida, “destruyendo por completo nuestro plan de beneficio definido. Fue un plan macabro muy bien diseñado, pero en contra de los jubilados y en perjuicio del pueblo porque serán los que pagarán otro aumento injustificado”.