Al cumplirse cuatro años de su ejecución por parte de dos policías estatales que se encontraban francos de servicio, ingiriendo bebidas alcohólicas en un negocio de Bayamón, la familia de Francisco Marrero Noa y la organización de derechos humanos Kilómetro 0, reclamaron una vez más acción del Estado para poner fin a la impunidad policial. Esto mediante una carta cursada al secretario de Justicia Domingo Emanuelli.
El 17 de septiembre de 2019, Francisco y su pareja, Wilnelia Rodríguez Sáez, fueron al negocio Socios Café en Bayamón luego de comprar los anillos para su futura boda. Los agentes de la Policía José Ortíz Merced, Enrique Feliciano Marrero, Arnaldo Rodríguez Rodríguez y Lilibeth Torres, compartían y tomaban tragos. Alegadamente, el grupo de policías, francos de servicio y en ropa de civil, comenzó a mofarse de Francisco Marrero Noa cuando éste se tropezó. Se suscitó una discusión y testigos han alegado que los tres agentes le propinaron una paliza a Francisco dentro del negocio. Hay videos de la escena pero la fiscalía no los ha mostrado a la familia. Luego de la discusión, Francisco salió del local y se montó en su guagua Dodge Durango. Alegadamente, le dio con el auto a un tiesto, que impactó sin consecuencia alguna a un contratista de la Policía que se encontraba afuera. Como respuesta, los Agtes. José Ortiz Merced y Enrique Feliciano Marrero abrieron fuego “en defensa propia”. Ocho de los disparos impactaron a Francisco, causándole la muerte dentro de su vehículo. Francisco no estaba armado, nunca representó amenaza para los oficiales.
En cuatro años, la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Puerto Rico no ha presentado cargos criminales contra los agentes responsables de esta muerte. El Estado no ha tomado acción para que ocurran consecuencias ni a nivel criminal ni administrativo y los agentes fueron armados nuevamente por la Policía poco tiempo después de los hechos.
“Cuatro años y aún no vemos, ni que se hayan presentado cargos criminales contra estos policías, ni hemos tenido acceso para observar los videos del lugar, ni hemos recibido los resultados de la autopsia ni tenemos informe alguno que nos indique que la investigación esté progresando”, expresaron Jessica y Michellie Marrero Noa, hermanas de Francisco Marrero Noa. “A estas alturas, sentimos realmente que el Estado nos ha tomado el pelo todos estos años, alimentando la esperanza de que se tomen medidas contundentes de rendición de cuentas contra estos agentes, pero haciendo realmente poco o el mínimo para que la investigación avance. Si no se presentan cargos criminales contra los agentes que ejercen fuerza letal de forma abusiva y arbitraria: ¿qué confianza podemos tener en el sistema de justicia y en las agencias de supuesta “ley y orden”? ¿Para quiénes es esa ley y orden de la que tanto hablan? Definitivamente, parece que esa ley y orden se aplica selectivamente, nunca contra los mismos oficiales que cometen crímenes utilizando fuerza letal contra personas desarmadas”.
“Qué efecto tiene una reforma de la Policía cuando se siguen permitiendo ejecuciones judiciales como esta sin que haya consecuencia alguna?”, añadió Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0. “El uso de fuerza tiene que ser proporcional, legal, razonable y escalonado. La Policía está obligada a utilizar técnicas no violentas para desescalar posibles situaciones tensas. El trabajo de la Policía no es causar violencia ni castigos, no es escalar tensiones ni matar a la gente mientras beben bebidas alcohólicas en una barra y portando sus armas de reglamento. Este caso es uno obsceno y abusivo y revela cómo el sistema legal criminal no hace nada por erradicar la impunidad de la que gozan sus agentes”.
En Puerto Rico han muerto al menos 92 personas por uso de fuerza policial a partir de 2014. Esta violencia policial es dirigida predominantemente a personas que viven en comunidades racialmente diversas y empobrecidas, según pudimos evidenciar en nuestro último informe Licencia para matar: Muertes por uso de fuerza policial en PR 2014 – 2020. El caso de Francisco, como prácticamente todos, aún permanece en la absoluta impunidad. Resulta alarmante que cuatro años después, la Policía de Puerto Rico continúe acribillando a personas desarmadas en vehículos como ocurrió recientemente con el joven Joban Rivera Mendoza, quien según el relato de la Policía disparó a la Policía y estos repelieron la agresión, matándolo, pero vídeos bajo el poder de Kilómetro Cero demuestran que eso no es cierto, que sólo los agentes de la Policía le dispararon.
Puerto Rico necesita que las Policías en el País cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. Las Policías deben estar sujetas a mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas. El Estado debe comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que existen y permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales. Toda instancia en que oficiales de la Policía enfrentan una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma policía. El Estado tiene que presentar cargos y procesar a esta persona, como a cualquier otra, de identificarse la comisión de un delito. De lo contrario, se incentiva la impunidad.
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro. Aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.
#NoMásEjecucionesExtrajudiciales #AgitaYTransforma #OtraSeguridadPública
Fuente: Kilómetro Cero
