Señora Presidenta del Comité de Descolonización y demás embajadoras, embajadores y representantes:
Se dirige ante este Comité la Representante Mariana Nogales Molinelli, para nuevamente informar sobre la situación insostenible que vivimos en Puerto Rico y la necesidad urgente de acción por parte del Comité y la Asamblea General de las Naciones Unidas a tenor con la Resolución 1514 (XV) de 1960.
Desde que entré a la legislatura en el 2020, he tenido mucho más acceso a la información sobre cómo se gobierna el país, cómo se maneja el presupuesto y cómo se han cimentado las políticas que pretenden anularnos por completo.
Estas políticas vienen de una visión neoliberal y explotadora de lacayos incondicionales de la metrópoli impulsada por los ex gobernadores Pedro Rosselló, quien privatizó el sistema de salud, y Luis Fortuño, responsable de: primero, el marco legal para privatizar mediante alianzas público privadas; segundo, un sistema de permisos que promueve la destrucción de la naturaleza, las tierras agrícolas y nuestro patrimonio arqueológico e histórico; tercero, el despido masivo de empleados públicos que dejó a nuestras agencias inoperantes; y cuarto, las leyes 20 y 22 de 2012 que establecen un paraíso fiscal, desplazan a la gente, y permiten prácticas depredadoras que han disparado la escasez de vivienda asequible, el cierre de comercios locales y el aumento en el gasto fiscal que priva al gobierno de ingresos.
Estas políticas no resolvieron el problema de la deuda y en el 2016, llevaron a la aprobación de la Ley PROMESA, la imposición de la Junta de Control Fiscal y un proceso de quiebra federal que prolongará nuestra esclavitud colonial.
Puerto Rico no se gobierna a sí mismo. Nos gobierna un ente no electo que le sirve a los grandes intereses y a la metrópoli. Nuestra soberanía reside en el Congreso de los Estados Unidos y, no tengo que decirlo, pero esto es precisamente lo que define a una colonia.
Gracias a la Junta de Control Fiscal y a las necropolíticas que impone, nos estamos quedando sin país, sin gente, sin historia.
Tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva, enfrentamos limitaciones sustanciales en nuestras facultades. No tenemos control sobre el presupuesto. La Junta lo impone, obviando nuestras prioridades. También impuso un plan fiscal y veta legislación que arbitrariamente ha declarado inconsistente con ese plan, como leyes que regulan los derechos laborales en el sector privado, la salud y la cobertura de medicamentos, entre otras. El pago de la deuda impuesto por el Tribunal Federal ha incrementado la desgracia de los servicios públicos. El país apenas funciona.
El proceso de reconstrucción, dirigido por las agencias federales, está diseñado para retrasar el retorno a la normalidad y viene acompañado de la destrucción de nuestro patrimonio natural, histórico, arqueológico e identitario. Vemos la destrucción de la agricultura y nuestras costas, la despoblación de la ruralía y el resurgimiento del peligro de la extracción minera que acabaría por aniquilarnos.
El deterioro de la infraestructura, del sistema de salud, de la educación primaria, secundaria y superior, del medioambiente, de nuestros parques nacionales y de la calidad de vida se implementan por diseño. Pareciera que nada va a cambiar y la gente se deteriora de igual manera. Esto no es casualidad. Nos quieren borrar, hacernos desaparecer, convertirnos en un espacio genérico, que cualquiera pueda ocupar y explotar.
Solo la descolonización puede detener lo que ocurre en Puerto Rico. Por eso reclamamos un proceso de descolonización basado en el principio de derecho a la libre determinación de los pueblos.
Mariana Nogales Molinelli
Representante por Acumulación
Cámara de Representantes
22 de junio de 2023