El mundo ya no aguanta mucho más. Las precarias condiciones de vida de la clase trabajadora y de las comunidades marginadas son cada vez peores. A través de todo el planeta, el fracasado sistema capitalista busca respiración artificial a través del saqueo de los servicios públicos, las pensiones y los recursos naturales. A pesar de que las ganancias de las grandes corporaciones alcanzan niveles récord, estos patronos billonarios se niegan a mejorar los salarios y reconocer los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras que les producen su riqueza, condenando a demasiados a la pobreza y la inseguridad. Esto a la vez que sectores en el poder explotan las diferencias en raza, nacionalidad, creencias religiosas, sexo, género y orientación sexual para promover el odio y la división, suprimir el control sobre el cuerpo propio y erradicar la educación libre y el pensamiento crítico. Además, mientras el planeta se calienta provocando daños irreversibles, siguen buscando hacer dinero rápido a costa del ambiente, ya se trate de un yacimiento de petróleo en el fondo del mar, un mogote con buena vista sobre un acuífero o una playa erosionada.
En Puerto Rico, hace más de dos décadas que vivimos en una crisis permanente. Estos años han visto la degradación, ya sea por abandono o por privatización, de todos los servicios públicos, el estancamiento y reducción en los salarios reales de la clase obrera, un aumento en la violencia y la inseguridad y el auge de la corrupción gubernamental. La insistencia del gobierno en pagar una deuda odiosa, ilegítima e insostenible combinada con el desastroso manejo de varios fenómenos naturales provocó un prometedor movimiento amplio que logró la renuncia de un gobernador incompetente y corrupto en el 2019, pero que quedó sin objetivo concreto una vez obtuvo su primera victoria. Posteriormente, como ocurrió en tantos lugares, la pandemia puso muchos esfuerzos en pausa, no así aquellos que apostaron a la vía electoral para generar condiciones conducentes a cambios positivos para las grandes mayorías. De esta forma, el novel Movimiento Victoria Ciudadana se estrenó en el 2020 con la elección de cuatro legisladores y decenas de asambleístas municipales, el Partido Independentista logró su mejor desempeño en décadas mientras que el bipartidismo eligió a un gobernador con menos del 33% de los votos. Un quinto partido de ideología derechista eligió dos legisladoras.
Pero, ¿qué ha cambiado desde el 2020? Concretamente, nada. Por un lado, el crecimiento de la intención electoral a favor de partidos y candidatos progresistas es palpable y está atado a una mayor conciencia sobre el potencial de la participación política ante una casta que sólo ha gobernado para sus propios intereses. La irrupción de legisladores de izquierda en estos espacios ha abierto una brecha a través de la cual se ha impulsado la discusión de propuestas sobre salario mínimo, derechos laborales, derechos sexuales y reproductivos, salud, iniciativas antirracistas, protección ambiental, entre otras. Pero también se ha demostrado la impotencia de las minorías políticas que intentan generar cambios desde las instituciones del Estado. Las propuestas, por más solidas y razonables que sean (y aunque se hagan concesiones – véase la reforma laboral), no suelen obtener la aprobación de la mayoría legislativa. Si lo obtienen, se deben enfrentar entonces a una Junta Dictatorial que ni siquiera le da paso a legislación del partido gobernante que esté en conflicto con intereses patronales o empresariales. Por eso, podemos decir que ha mejorado la calidad del debate político, pero no la de las políticas que ponen nuestras vidas en jaque.
Sólo alcanzando y reteniendo el poder político podemos cambiar este sistema abocado al fracaso antes de que sea muy tarde. ¿Cómo lo logramos? Más que nunca, apostamos al fortalecimiento y convergencia de nuestros movimientos. Reconocemos el valor de las iniciativas electorales progresistas, así como la importancia de las decenas de agrupaciones y organizaciones que están luchando a través de todo el archipiélago ante patronos, empresas, constructores o inversionistas por sus derechos laborales, por sus playas, por su salud y seguridad, por el derecho a la vivienda y a permanecer en sus comunidades. Pero también nos preocupan sus limitaciones y el riesgo que enfrentan de tornarse inconsecuentes o ser objeto de desviaciones a raíz de la presión para que se conformen al propio sistema que buscan combatir.
Ante ello, proponemos la organización política de la clase obrera como herramienta y el marxismo como guía para la acción hacia una efectiva aspiración al poder. Muy lejos de estar caducas, las ideas marxistas nos proveen un atinado marco sobre el cual analizar la situación actual y establecer las pautas para la acción. Éstas apuntan a que las condiciones para cambios revolucionarios están presentes en gran parte del mundo. Las calles están ardiendo en decenas de ciudades. Puerto Rico no es la excepción. Aún cuando las circunstancias, naturales o provocadas por nefastas manos humanas, parecen haber puesto a nuestro pueblo de rodillas, la toma de conciencia clasista, la apuesta a la solidaridad y la apertura a ideas anteriormente vilipendiadas son innegables. Nuestras clases explotadas y marginadas pueden ponerse y se han puesto de pie. Nos toca prepararnos y estar listas para alzarnos con ellas.
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