La perversidad con la que actúa la Junta Dictatorial que gobierna el país abarca todas las instancias de nuestra vida. La negativa a definir y proveer para el ofrecimiento de los servicios esenciales a la población, la más que evidente política de negociar la deuda pública favoreciendo los intereses de los bonistas buitres, la usurpación del mandato de los funcionarios electos, la imposición inmisericorde de sus medidas de austeridad, la aniquilación de los sistemas de retiro, el establecimiento de una política de la deuda por encima de la gente, su reclamo de inmunidad soberana, son sólo algunas de las expresiones concretas de su accionar, con premeditación y alevosía, en contra del pueblo puertorriqueño.
Dedicada a reprimir la resistencia a sus medidas expoliadoras, la Junta Dictatorial ha dirigido sus esfuerzos a liquidar los sindicatos que representan a los trabajadores del servicio público con el deliberado propósito de restarle fuerza a la única clase con la capacidad para derrotar su mezquino proyecto. No le ha bastado con impulsar la transferencia gratuita de las corporaciones públicas a los grandes intereses económicos y promover la contratación de empresarios privados cuando no es posible el traspaso total de la agencia o departamento público. Sistemática y consistentemente han articulado todo un proyecto para hacer inoperantes a los sindicatos.
En dicho proyecto han contado, muy convenientemente, con la complicidad de aquellos funcionarios electos que, habiendo sido favorecidos por la mayoritaria clase trabajadora, han respondido al programa neoliberal de los grandes intereses económicos que financian sus partidos políticos y sus campañas electorales. Así hemos visto como se aprueban, una tras otra, la derogación de las leyes protectoras del trabajador, las que eliminan los derechos conquistados, las que congelan los convenios colectivos, las que imponen medidas de austeridad y las que eliminan obligaciones contraídas por el gobierno-patrono. Las denominadas Leyes de Reforma Laboral han estado encaminadas a satisfacer las arbitrarias y caprichosas medidas de la Junta Dictatorial en detrimento de los trabajadores del país y sus representantes sindicales.
Junto a esas acciones anti obreras, se fueron configurando las medidas dirigidas a reducir el número de empleados gubernamentales, como han sido los programas de atrición, la sustitución de empleados regulares por trabajadores temporeros de empresas privadas, las ventanas de retiro, los retiros tempranos, la consolidación de agencias, los despidos masivos, y como hemos mencionado, la privatización total de los centros de trabajo. A la par que las citadas acciones, no se ha desperdiciado oportunidad, por parte de la Junta Dictatorial, la clase patronal y los funcionarios gubernamentales, de impulsar una consistente campaña mediática para demonizar a las uniones que representan a los trabajadores en sus legítimas aspiraciones de mejorar sus condiciones de trabajo y la calidad de vida de sus familias.
A las acciones y medidas ya puestas en vigor se ha sumado la imposición de un Plan de Clasificación y Retribución que, vendido inicialmente como una medida que haría justicia salarial a los empleados públicos, deteriorando el papel de los sindicatos y el proceso de la negociación colectiva, ha resultado en un fiasco para los servidores públicos. Amparándose en el mismo, la Junta Dictatorial también se ha abrogado el derecho a decidir sobre la validez de los acuerdos negociados por los gremios aduciendo que solo se podrá proveer ajustes salariales para los empleados públicos que tengan salarios por debajo de su definición del mercado laboral. Arbitrariamente y sin respeto alguno al estado de derecho prevaleciente, que reconoce el derecho a la negociación colectiva en el servicio público, pretende establecer que todo ajuste salarial solamente debe estar basado en el mérito para reconocer la excelencia en el desempeño.
Va un paso más lejos la perversidad de la Junta Dictatorial. En lo que puede considerarse como el colofón de su campaña, pretende generar el rechazo total de la organización sindical por el pueblo puertorriqueño. Así, han hecho circular el mensaje de que el pago de las pensiones de los trabajadores de la energía eléctrica será realizado mediante un cargo adicional en la factura de todos los abonados al servicio que ya resulta impagable por el efecto de su intención de pagar con generosas ganancias a los bonistas buitres que prestaron a la AEE. ¿Le vamos a permitir todas estas canalladas a la Junta Dictatorial?
