En los dos últimos años, incluso antes de que empezaran las hostilidades, se cerraron en Ucrania siete canales de televisión de ámbito nacional por una decisión del Presidente y de la Comisión Nacional de Televisión, que él controla, y del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa: KRT, 112 Ucrania, NewsOne, ZIK, First Independent, UkrLive y Nash. La razón de que se prohibieran estos canales de televisión era únicamente que se oponían al gobierno y que daban la palabra a sus oponentes políticos. Su actividades se detuvieron de forma totalmente ilegal, sin que mediara una decisión judicial, tal como estipula la ley. Al mismo tiempo se empezaron a bloquear la principales publicaciones independientes en internet, como Strana.ua, Shariy.net y otras. Las autoridades simplemente suprimieron el derecho de millones de ciudadanas y ciudadanos ucranianos a recibir una información variada y desde puntos de vista diferentes, el derecho a la libertad de expresión, e introdujeron la censura en el país.
Hoy en día resulta simplemente imposible imaginar que ese tipo de información aparezca en los medios de comunicación ucranianos o se anuncie en la televisión ucraniana. Además, hay un control prácticamente total de los sectores ucranianos de las redes sociales, como Facebook, youtube. Incluso la sección ucraniana de Wikipedia está controlada y censurada: se distorsionan o se destruyen por completo los artículos sobre personas “indeseables” y muchos de ellos se modifican o se llenan de falsificaciones. Y se eleva a rango de ley toda esta destrucción obvia de la libertad de expresión: en primavera el Presidente ucraniano firmó las leyes y decretos pertinentes que obligan de hecho a los demás medios de comunicación a obedecer los requisitos y deseos de las autoridades.
Siguiendo la política del anterior Presidente del país, el oligarca Petro Poroshenko, el actual Presidente ha exacerbado aún más el proceso de suprimir toda traza de comunismo del país que, en realidad, es una política destinada a perseguir toda ideología y todo símbolo de izquierda, tanto comunista como socialista y socialdemócrata. Se han aprobado leyes que castigan con penas de prisión de 5 a 10 años y con la confiscación de bienes el hecho de que un grupo de personas interprete en público de himno “La Internacional” (el himno del movimiento socialista internacional).
El partido político Unión de Fuerzas de Izquierda de Ucrania (que en diciembre de 2021 adoptó el nombre de Para un Nuevo Socialismo), del que soy presidente, se ha convertido en la principal fuerza política de la izquierda y en la más activa de los últimos años. Defendimos una política orientada socialmente en interés de la mayoría de la ciudadanía ucraniana y no en interés de las grandes empresas oligárquicas, defendimos que se garantice la libertad de expresión, la paz y nos opusimos a la guerra. Al defender los derechos de la ciudadanía ucraniana de a pie y del movimiento de izquierda, criticamos duramente al actual gobierno ucraniano y nos opusimos a él. Las autoridades respondieron por medio de la represión política de nuestro partido y de otros partidos de la oposición. Se utilizó como pretexto para esta represión el inicio de las hostilidades en Ucrania el pasado mes de febrero. Siguiendo instrucciones del Presidente, las autoridades, con la ayuda de decisiones judiciales idénticas, calcadas e irrazonables, prohibieron en otoño de 2022 las actividades de todos los partidos de la oposición ucraniana, incluida la Unión de Fuerzas de Izquierda. Fueron unas decisiones judiciales tomadas en serie, en las que solo cambiaba el nombre del partido político prohibido. Carecen absolutamente de pruebas y motivos desde el punto de vista legal. A ojos de muchos personajes públicos, periodistas y líderes de opinión europeos, asiáticos y estadounidenses son obvias e insostenibles su ilegalidad, inconstitucionalidad, alevosía y flagrante contradicción con las normas y valores democráticos europeos y mundiales
El único objetivo de revestir como documentos judiciales las instrucciones inconstitucionales, ilegales y usurpadoras del Presidente era crear al menos una débil apariencia de legalidad. La adopción de estas decisiones fue el fruto de la enorme presión que ejercieron las autoridades sobre la independencia de los tribunales y de la completa subordinación de la oficina del Presidente al sistema judicial de Ucrania. Siguiendo sus instrucciones, se destituyó ilegalmente a varios jueces del Tribunal Constitucional (incluido su presidente) y del Tribunal Supremo de Ucrania, que se habían negaron a adoptar decisiones ilegales y políticas. Y hace unos días se suprimió por las mismas razones el Tribunal Administrativo del Distrito de Kyiv, cuyos jueces no tenían intención de convertirse en siervos de la oficina del Presidente.
Las autoridades de investigación, la policía, la fiscalía y los servicios especiales están dirigidos únicamente por protegidos del jefe del Estado. Además, se ha sustituido al presidente del Parlamento por otro leal [al Presidente ucraniano] y se prepara la elección de un presidente del Tribunal Constitucional que también esté controlado por la Presidencia. Se ha aniquilado completamente el principio de separación de poderes y el poder se concentra en un solo lugar: la oficina del Presidente.
La persecución de políticos, periodistas y personalidades de la oposición es mayor que nunca. Muchas de estas personas se han visto obligadas a abandonar el país y quienes no lo han hecho, han acabado en la cárcel. Se priva temerariamente a los diputados de la oposición en el Parlamento de sus credenciales de diputados, en contra de la Constitución y de la voluntad del pueblo que los ha elegido.
Por otra parte, en un Estado laico como es Ucrania, las autoridades han emprendido acciones represivas contra la mayor comunidad religiosa del país, la Iglesia ortodoxa ucraniana. Los servicios especiales ucranianos, el Servicio de Seguridad, han llevado a cabo registros a gran escala de monasterios ortodoxos por todo el país, se han abierto causas penales contra sacerdotes, se han expropiado por la fuerza locales y propiedades de la iglesia, se han impuesto sanciones ilegales a jerarcas eclesiásticos y se ha registrado en el Parlamento un proyecto de ley sobre la prohibición de la Iglesia ortodoxa ucraniana.
Varios clanes oligárquicos controlan desde hace tiempo en Ucrania la mayor parte de la economía y de la riqueza nacional, casi todos los principales medios de comunicación, el poder ejecutivo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y a la mayoría de los diputados del Parlamento. No es ningún secreto que detrás de cada gran estructura empresarial, detrás de cada facción del Parlamento, detrás de cada alto cargo, hay uno u otro oligarca. En los últimos años los oligarcas (ucranianos que figuran en la lista Forbes) no han dejado de aumentar sus fortunas ni de controlar cada vez más el país y sus recursos, con lo que agotan estos recursos y arruinan sin piedad a la ciudadanía. Como ahora han sufrido pérdidas financieras debido a las hostilidades, han decidido compensarlas estableciendo un control absoluto sobre todos los flujos financieros sin excepción, ya sean suministros militares, ayuda humanitaria, impuestos, préstamos, ayuda internacional para la reconstrucción, ingresos de exportación, tarifas de servicios públicos, etcétera.
Para poder hacerlo se están eliminando violentamente y bajo el fragor de la guerra los últimos obstáculos para instaurar una dictadura oligárquica. Al mismo tiempo, los actuales altos cargos del entorno del Presidente no tienen el menor inconveniente en convertirse en oligarcas de nuevo cuño ni en arrebatar por la fuerza a los viejos oligarcas sus bienes. Hay demasiados miles de millones en juego y lo hacen sin el menor pudor (las recientes imágenes del jefe adjunto de la oficina del Presidente de un país en guerra y devastado conduciendo un coche valorado en un cuarto de millón de dólares no son sino una pequeña confirmación obvia de ello).
También es obvio por qué en el ámbito político los ataques más fuertes se han dirigido contra el movimiento socialista: lo explica el temor a perder el poder y la riqueza robados al país, y a la persecución legal. El régimen actual está solo a un paso de usurpar totalmente el poder en Ucrania.
En las condiciones que estamos viviendo el apoyo internacional es extremadamente importante para todas las y los ciudadanos de nuestro país que defienden la libertad de expresión y las garantías de una verdadera democracia, y se oponen a la dictadura oligárquica en Ucrania. La información fidedigna sobre la verdadera situación en Ucrania y la solidaridad internacional de todas las fuerzas progresistas pueden influir en la situación actual, pueden obligar a las autoridades ucranianas a anular las decisiones ilegales de prohibir los medios de comunicación y los partidos independientes, detener la persecución de la oposición e impedir que se establezca definitivamente una dictadura oligárquica.
Fuente: Rebelión
Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
Fuente original: la web https://sls.org.ua/ ha proporcionado la traducción al inglés del artículo.
