La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli exhortó hoy a la Asamblea Legislativa a atender con urgencia las medidas que buscan cerrar la planta de AES en Guayama, luego de que el presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga, demostró que no tiene intención de reconocer ni asumir responsabilidad sobre los daños ambientales y a la salud que ha producido su operación.
“El señor Bolinaga se presentó ayer a vistas públicas con una actitud manipuladora y ofensiva a la inteligencia de los miembros de la legislatura y del País. Evadió contestar las preguntas de la Comisión de Desarrollo Económico, que está investigando la propuesta de transferir la planta a la AEE. Tuvo el descaro de decir que nunca se le ha presentado evidencia de que las cenizas de carbón son nocivas para la salud y para el ambiente, cuando llevamos años documentando la alta incidencia de enfermedades causadas por el exceso de metales y sustancias tóxicas en las comunidades aledañas a la planta y en lugares donde se han depositado cenizas ilegalmente. Insistió en que su industria es una altamente regulada, pero obvió mencionar que AES ha violado las reglas repetidamente: depositó cenizas en terrenos y vertederos en al menos 12 municipios cuando estaba prohibido disponer de ellas en Puerto Rico; se le impuso una multa por incumplir con la entrega de documentos relacionados al análisis de aguas y por exceder los parámetros de niveles de contaminación de agua que establece el Reglamento de Estándares de Calidad de Agua de Puerto Rico; tuvo que pagarle al gobierno y a ciudadanos de República Dominicana por las enfermedades y muertes que produjeron las cenizas que depositaron en Arroyo Barril y todavía enfrenta demandas civiles de las familias de trabajadores que murieron”, afirmó la representante.
Nogales Molinelli recordó que la legislatura tiene ante su consideración una serie de medidas que atienden la situación de AES y los reclamos de las comunidades afectadas por su operación. “De la información que ha salido a relucir sobre AES durante los pasados años se desprende la impunidad con la que ha operado esta compañía en Puerto Rico siempre. De nada sirve que la industria esté regulada si las agencias concernidas se hacen de la vista larga. El récord de criminal ambiental de AES está más que claro y evidenciado, y nos toca detenerlo. Este año presenté la RCC 268, la cual ordena a la Oficina de Gerencia de Permisos y al Departamento de Recursos Naturales a tomar las medidas necesarias para cerrar la planta y obligar a AES a limpiar y compensar a Puerto Rico por su contaminación. La RCC 4, presentada por el compañero Denis Márquez, ordena realizar un inventario de todos los lugares donde se depositaron cenizas, y la RCS 2 de la compañera María de Lourdes Santiago, que ya fue aprobada por el Senado, ordena la realización de un estudio de salud en las comunidades de Guayama. Además, está el PC 829 que aclara y fortalece las regulaciones aplicables al manejo de los residuos de combustión de carbón”, explicó.
La legisladora destacó que, lejos de reconocer y aceptar responsabilidad sobre sus acciones, AES ahora pretende que el gobierno le apruebe un rescate económico y asuma sus deudas con el País. “Aunque Bolinaga lo negó ayer muchas veces, sus palabras en las cartas a la Autoridad de Energía Eléctrica pesan más. Quiere que nosotros y nosotras nos encarguemos del reguero ahora que al carbón se le está acabando el tiempo. Y lo está haciendo tratando de usarnos como rehenes, diciendo que AES produce el 25% de la energía más barata. La realidad es que no es ni tan barata, ni tan necesaria, porque todavía tenemos alternativas como que otras plantas pueden asumir la carga y que podemos hacer un esfuerzo mayor para reducir nuestro consumo. Nada nos obliga a seguir negociando con un criminal ambiental. No sólo tenemos que cerrar la planta de AES, tenemos que asegurarnos de que nunca vuelva a tener una relación de negocios con el gobierno de Puerto Rico”, recalcó.
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