Antony Blinken (secretario de Estado de EE. UU.) y otros miembros del gabinete de Biden son aficionados a proclamar el “orden basado en normas internacionales” (RBIO, por sus siglas en inglés) o el “orden basado en normas”, cada vez que pueden: en conferencias de prensa, entrevistas, artículos, foros internacionales, desayunos, almuerzos, cenas y cócteles. Junto con los términos “derechos humanos” y “democracia”, RBIO es usado rutinariamente para reclamar una postura de superioridad moral contra los países que acusan de no seguir este “orden” y se esgrime como un garrote para atacar, criticar, acusar y deslegitimar a los países que están en su punto de mira como posibles disidentes [perversos] del orden internacional.
Este garrote se blande ahora, sobre todo, contra China y Rusia. Curiosamente, cada vez que Estados Unidos afirma que China (u otra “potencia revisionista” o Estado enemigo) está violando el “orden basado en normas”, nunca parece aclarar cuáles “reglas” están siendo violadas, sino que simplemente suelta una miasma de acusación genérica, dejando que el hedor del racismo y la xenofobia se encargue del resto.
La razón de esto es que existe una contradicción fundamental en el corazón del RBIO.
El RBIO no está “basado en normas”, no es “internacional”, y confunde cualquier sentido de “orden”, por no hablar de la justicia. En el fondo, se trata de un ejercicio descarado del poder imperial y la supremacía estadounidense, disimulado tras las finas telas de los trajes de un gala ficticia. El RBIO es una suplantación fraudulenta del derecho y la justicia internacionales.
El mal uso de este término tiene muchas capas, que deben ser deconstruidas una por una.
“RBIO” en contraste con “Leyes internacionales”
Primero que nada, hay que entender que el RBIO no es “internacional” en ningún sentido de la palabra.
En realidad, sí existe un orden basado en normas construido sobre un consenso internacional, un compendio de reglas y tratados que la comunidad internacional ha negociado, acordado y suscrito. Se llama simplemente “derecho internacional” y se refiere al cuerpo de decisiones, precedentes, acuerdos y tratados multilaterales reunidos bajo el paraguas de la Carta de las Naciones Unidas y las múltiples instituciones, políticas y protocolos anexos. Aún imperfecto, incompleto y con necesidad de evolucionar, sigue constituyendo el fundamento jurídico del cuerpo del orden internacional y las leyes ordenadas que lo sustentan: esto es lo que constituye el derecho internacional. El fundamento básico de la Carta de la ONU es la soberanía nacional: los Estados tienen derecho a existir y son iguales en sus relaciones. Esto no es a lo que se refiere Estados Unidos.
Cuando Estados Unidos usa el término RBIO, en lugar de usar el término existente – derecho internacional –, lo hace porque quiere suplantar el derecho internacional mientras lo desvía hacia un orden unilateral, inventado y ficticio, que solo EE. UU. establece y determina (a menudo con la complicidad de otros Estados imperiales, occidentales y transatlánticos). También lo hace porque, sencillamente, Estados Unidos no quiere verse limitado por el derecho internacional, ya que, en muchos casos, se comporta como un delincuente internacional.
Estados Unidos como proscrito internacional
Por ejemplo, EE. UU. se niega a firmar o ratificar leyes y tratados internacionales fundamentales, que la gran mayoría de los países han firmado, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en inglés), la Convención de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en inglés), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familias (ICRMW, por sus siglas en inglés), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (UNCLOS por sus siglas en inglés), el documento de la ONU para la Prevención de una Carrera de Armamentos en el Espacio Ultraterrestre (PAROS), la Convención de Ottawa (el tratado sobre la prohibición de las minas antipersonales) y la mayoría de los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De hecho, en los Estados Unidos hay centros de explotación, el trabajo infantil es legal (por ejemplo, en el trabajo agrícola realizado por migrantes) y existe el trabajo esclavo (en prisiones y centros de detención de migrantes). Incluso, el propio informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado de este mismo país, reconoce graves problemas en EE. UU. de trata y trabajo forzado en la agricultura, servicios de alimentos, manufactura, servicio doméstico, trabajo sexual y la hostelería, con funcionarios públicos y militaresestadounidenses involucrados en tráfico de personas dentro y fuera del país. Irónicamente, Estados Unidos trata de hacer que otros países se sometan a leyes que el mismo EE. UU. se rehúsa a ratificar. Por ejemplo, intenta hacer valer la UNCLOS en el Mar de la China Meridional cuando se rehusado – durante décadas – a ratificarla, e ignora sus reglas, precedentes y conclusiones dentro de sus propias aguas territoriales.
También hay un montón de tratados internacionales que Estados Unidos ha firmado, pero que simplemente viola de todos modos, por ejemplo: la Convención sobre Armas Químicas, la Convención sobre Armas Biológicas, los tratados de la ONU que prohíben la tortura, la extradición y el secuestro; y, por supuesto, la guerra de agresión, considerada “el crimen internacional supremo”, un crimen que Estados Unidos comete rutinariamente una vez por década (por lo menos), esto, por no mencionar los ataques rutinarios con drones, que violan el derecho internacional. Más recientemente, el acuerdo AUKUS, firmado entre Estados Unidos y Australia, viola el Tratado de no Proliferación Nuclear (NPT por sus siglas en inglés) al aprovechar un punto ciego del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés).
Luego hay un montón de tratados internacionales que Estados Unidos han firmado para después retirarse arbitrariamente. Entre estos se incluyen el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) con Irán, el Marco Acordado y el Diálogo de los seis con Corea del Norte, las Convenciones de Ginebra, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y muchos más.
También existen 368 tratados firmados entre las naciones indígenas y el Gobierno estadounidense, todos y cada uno de ellos han sido violados o ignorados.
Por otro lado, están las ficciones unilaterales que Estados Unidos ha creado, como las “Operaciones de Libertad de Navegación” (FONOPs, por sus siglas en inglés): se trata de una diplomacia de cañonazos, una demostración de fuerza militar, disfrazada de una persuasión pacífica. Las FONOPs son un concepto que no se basa en el derecho internacional (el concepto aceptado por UNCLOS es “paso inocente”) y son Estados Unidos y sus aliados quienes violan las leyes internacionales cuando ejercen estas FONOPs. Las Zonas de Identificación de Defensa Aérea (ADIZs, por sus siglas en inglés) también son nociones que no tienen ningún reconocimiento en el derecho internacional (el concepto aceptado es “espacio aéreo soberano”) pero Estados Unidos afirma rutinariamente que China está violando el ADIZ o espacio aéreo de Taiwán, que cubre tres provincias de la China continental. Estos son algunos ejemplos de las absurdas ficciones que Estados Unidos inventa para afirmar que Estados enemigos como China están violando el RBIO. Se trata de una ficción armada.
Estados Unidos también se esfuerza por socavar las estructuras e instituciones internacionales, por ejemplo: como no le gustaban las decisiones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), desactivó el mecanismo de solución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). También ha socavado – y amenazado – a la CPI (aprobando la Ley de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas Estadounidenses [ASPA], también conocida como Ley de Invasión de La Haya) y, más recientemente, ha sancionado a la fiscal del CPI y amenazado a su familia; se burla de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y de sus decisiones y, en general, se opone a cualquier institución internacional que restrinja su ejercicio desenfrenado y unilateral del poder. El ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, afirmó directamente que “las Naciones Unidas no existen”, pero esta ideología desquiciada se manifiesta silenciosamente en las acciones cotidianas de EE. UU. a lo largo de las sucesivas administraciones.
¿Las reglas de quién? Estados Unidos aplica sus leyes a escala internacional
La otra cara de este desprecio por las – ya consensuadas – leyes e instituciones internacionales, es la creencia de EE. UU. de que sus propias leyes deben tener jurisdicción universal.
Estados Unidos considera que las leyes aprobadas por su corrupto y plutocrático poder legislativo – difícilmente internacional o democrático en algún sentido – deben aplicarse al resto del mundo. Esto incluye sanciones unilaterales contra numerosos países (aproximadamente un tercio de la población mundial está afectada por las sanciones estadounidenses), utilizando los instrumentos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el poder legislativo y los tribunales de Estados Unidos, así como los sistemas de divisas y de cambio (SWIFT). Estas sanciones unilaterales son una violación del derecho internacional y del derecho humanitario, así como una perversión del sentido común y de la decencia: millones de personas han perecido bajo estas sanciones ilegales. Para colmo de males, Estados Unidos intimida sistemáticamente a otros países para que también ejerzan estas sanciones unilaterales, amenazando con sanciones secundarias contra los países y las empresas que no se alinean bajo su imposición. Todo esto forma parte del patrón general del ejercicio norteamericano de la “jurisdicción de brazos largos”. Los ejemplos abundan: la depravada detención, encarcelamiento y tortura del periodista y editor de WikiLeaks Julian Assange – de nacionalidad australiana – por violar las leyes de espionaje de Estados Unidos; el absurdo secuestro de la ejecutiva de Huawei Meng Wanzhou (de nacionalidad china) en suelo canadiense, por violar las sanciones ilegales de Estados Unidos sobre Irán (que Canadá no defiende por sí misma). Existen muchos otros ejemplos, pero son demasiados para enumerarlos.
Esta intimidación con “armas largas” se ejerce a menudo a través de una red de tribunales-canguro dentro de Estados Unidos, que se arrogan poderes internacionales unitarios y plenipotenciarios para vigilar a los ciudadanos y ciudadanas de otros países. No es sorprendente que Estados Unidos también aplique sus propias leyes de forma igualmente corrupta dentro de sus propias fronteras, con su propio sistema de gulag alimentado a través de estos tribunales-canguro. Los ejemplos más dramáticos de la corrupción de estos tribunales pueden observarse en la exoneración rutinaria de los asesinatos de civiles por parte de la policía (salvo cuando se ven presionados por la protesta y el activismo más extremos) y en las sentencias absurdas, como el procesamiento de Steven Donziger por parte de un bufete de abogados corporativos vinculados a Chevron; o la exoneración de Kyle Rittenhouse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el propio sistema está preparado para condenar: más del 99% de los casos federales que llegan a los tribunales terminan en condena; la mayoría ni siquiera llegan a juicio: el 90% de las acusaciones federales de EE. UU. se resuelven mediante la declaración de “culpabilidad” o “no impugnación” de los cargos presentados contra ellos. La idea de que existe una noción imparcial de la justicia queda desmentida por el hecho de que una representación legal, justa y adecuada es inasequible para la mayoría de los acusados y acusadas; que los defensores públicos designados están tan sobrecargados de trabajo que a menudo dedican minutos (literalmente) a cada caso, simplemente aconsejando a las personas acusadas que se declaren culpables – lo que la mayor parte hace – y los individuos, en los raros casos en que ganan, a menudo quedan en bancarrota y destruidos psíquicamente por un sistema que tiene recursos y finanzas ilimitados para golpear a sus víctimas. Este sistema corrupto de opresión, a pesar de sus evidentes injusticias e iniquidades, se ve exacerbado dentro de vastas áreas grises del sistema de justicia, donde ni siquiera se aplica la asesoría, la apelación, el escrutinio o la supervisión, y donde un solo individuo puede ser juez, jurado y verdugo al mismo tiempo. Entre estas áreas grises se encuentran, por ejemplo, ciertos sistemas de libertad condicional y libertad vigilada, juntas de revisión dentro de las prisiones, sistemas de cobro de deudas, procedimientos de inmigración, sistemas de confiscación de bienes y muchos otros sistemas cuasi-judiciales de opresión.
Generalmente, estas violaciones e injusticias son disculpadas u omitidas por los medios de comunicación internacionales y nacionales, que contribuyen a mantener la fantasía de que Estados Unidos cuenta con un elevado sistema imparcial de justicia. Se trata de una fantasía sin piso sobre el que sostenerse: el sistema judicial estadounidense, al igual que el sistema sanitario o el sistema educativo de este país, es – esencialmente – un sistema fallido, diseñado para funcionar sólo cuando sirve a ricos y poderosos. Cuando se trata de las grandes mayorías, de las personas comunes que tienen la desgracia de ingresar a este sistema, lo que se les ofrece es una supuesta atención deficiente, cuando no un abuso directo, daño, violencia y muerte.
Exenciones rutinarias, desorden mortal
Sin embargo, de vez en cuando, los incidentes dramáticos de Estados Unidos haciendo alarde del “orden basado en normas” internacional – es decir, el derecho internacional según los Estados Unidos – llegan a aparecer en los titulares de los medios (antes de ser rápidamente silenciados).
Un tipo de violación recurrente es el abuso de la inmunidad diplomática. Este tipo de caso es mundano y repetitivo: un funcionario del Gobierno estadounidense (o de un país aliado de Occidente) asesina o agrede a ciudadanos nativos. Inmediatamente, Estados Unidos reclama la inmunidad diplomática. A veces el agresor está borracho, fuera de control o paranoico; a menudo son espías o contratistas. Por ejemplo, según informes recientes, Anne Sacoolas, quien asesinó (borracha) a un adolescente británico en 2019, parece haber sido una espía estadounidense. Tras el asesinato, fue trasladada inmediatamente como diplomática.
Raymond Allen Davis era un contratista estadounidense, posiblemente jefe de estación de la CIA (en funciones), quien asesinó a tiros a dos personas en medio de la calle, en Pakistán. Otra persona fue asesinada por un vehículo que recogió a Davis para llevárselo de la escena del crimen. Davis fue expulsado del país, no se dieron explicaciones y estos asesinatos fueron borrados de la conciencia de los medios de comunicación.
Esta idea o mentalidad de excepcionalismo e impunidad no es anecdótica, sino que se manifiesta – tanto a nivel general como estructural – en los numerosos acuerdos unilaterales sobre el estatuto de las fuerzas (SOFAs, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en los países donde tiene tropas estacionadas. Estos acuerdos otorgan una inmunidad general similar a la inmunidad diplomática: el soldado o contratista estadounidense infractor no puede ser detenido ni entregado a los tribunales nacionales a menos que EE. UU. decida renunciar a la inmunidad; la exención/inmunidad extraterritorial de este país puede aplicarse a pesar de los casos de asesinato, caos, violencia, tortura, violación, robo, tráfico sexual y una serie de otros pecados.
Este tipo de excepcionalismo también se aplica a las políticas sanitarias nacionales y a la normativa sanitaria internacional. Por ejemplo, se han detectado múltiples brotes de COVID-19 debido a la violación de las medidas de salud pública nacionales – detección, test, rastreo de contactos y aislamiento – en muchos territorios o países (especialmente regiones insulares) donde los Estados Unidos tienen bases militares. Por ejemplo, varios brotes importantes de COVID en Okinawa se han atribuido a la entrada de tropas estadounidenses en la isla sin seguir los protocolos sanitarios locales.
El colmo de la hipocresía estadounidense se superó cuando, en varias demandas por COVID, acusó a China – sin evidencias – de violar el Reglamento Sanitario Internacional de la ONU/Organización Mundial de la Salud (OMS) al no notificar oportunamente a Estados Unidos y al resto del mundo el brote de COVID-19. Esto queda totalmente refutado por hechos y plazos bien establecidos: ningún otro país ha trabajado con tanta asiduidad y rapidez en la investigación, la determinación y la posterior notificación al mundo del brote inicial, así como en el intercambio de la información necesaria para controlarlo. Sin embargo, Estados Unidos se ha reservado una exención del tamaño de una pandemia para informar a la OMS sobre cualquier enfermedad infecciosa si lo considera necesario para sus intereses de seguridad nacional. Irónicamente, esta exención se ha creado para la institución que probablemente la propague más: el ejército estadounidense. “No se considerará práctica ninguna notificación que pueda socavar la capacidad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para operar eficazmente en pos de los intereses de seguridad nacional”.
Cuando Estados Unidos utiliza de forma poco sincera el término RBIO, u orden internacional basado en normas, puede estar jugando al derecho internacional, pero una vez que se desempacan y desactivan sus aplicaciones, queda claro que es una ficción armada que Estados Unidos utiliza para atacar a sus enemigos y competidores.
Si “la hipocresía es un tributo que el vicio paga a la virtud”, el RBIO es el vicioso primer tributo que Estados Unidos envía a sus oponentes respetuosos de la ley para socavar el orden internacional, no menos peligroso por su falsedad.
Fuente: Globetrotter
