En el día de hoy, las y los legisladores municipales del Movimiento Victoria Ciudadana en 24 municipios le cursaron solicitudes de información a sus respectivos alcaldes y alcaldesas, exigiendo la divulgación de información sobre los fondos destinados a esos municipios como parte de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). La Ley ARPA, aprobada por la Administración Biden en marzo, le asigna 1,550 millones a los municipios de Puerto Rico. Según Edwin ‘Win’ Marrero, legislador municipal de Vega Baja, “para sacar el mayor provecho de esta cantidad extraordinaria de fondos proveniente de la Ley ARPA, necesitamos saber el uso que se le está dando o que se le propone dar a los mismos”.
Las solicitudes de información exigen la divulgación de la cantidad de fondos otorgada al municipio bajo la Ley ARPA, los planes que tenga el alcalde para el uso de esos fondos, un desglose de los fondos desembolsados y gastados al momento, y copias de los pliegos de subastas y contratos que serán sufragados con estos fondos. “Estos fondos tienen un término de uso de alrededor de cuatro años, por lo cual es importante que cada municipio desarrolle un plan de desembolso estratégico. En ese proceso, deben estar informados e involucrados las legislaturas municipales y las comunidades,” añadió Marrero, quien es también Coordinador General de la Conferencia Legislativa Municipal, que agrupa a las y los legisladores municipales de MVC.
Según reclamaron los legisladores municipales en sus solicitudes de información, la confusión en torno al Premium Pay ofrecido por los municipios bajo la Ley ARPA ha sido una fuente de descontento entre los empleados municipales. “En el caso de Dorado, hay municipios que han ofrecido más dinero que nosotros por concepto de Premium Pay y otros que también han establecido una escala de paga que se relaciona al riesgo que enfrentó el empleado o empleada durante la pandemia, lo cual es lo justo. Consideramos que el programa en Dorado se pudo haber estructurado mejor y para eso era necesario transparencia y diálogo con los empleados y empleadas municipales en los planes para el uso de los fondos,” reclamó la legisladora municipal de Dorado, Yamira Colón Rosa.
Además de la Ley ARPA, la nueva ley de infraestructura que aprobó la administración Biden destinará millones más para trabajos de infrarestructura en cada uno de los municipios. Por esa razón, Jean René Santiago Cruz, asesor de la Conferencia Legislativa Municipal, anticipó que “así como hicimos con estas solicitudes de información, estaremos reclamándole transparencia a los alcaldes en el uso de los fondos federales de la ley de infraestrutura, para garantizar que en nuestros municipios haya una verdadera mejoría a nuestros caminos municipales, a la oferta de transportación pública y a la disponibilidad de internet en áreas remotas y rurales. Además estaremos desarrollando proyectos de ordenanza para empoderar a las comunidades en el diseño y uso de estos fondos”.
Los alcaldes y alcaldesas tienen un término reglamentario de 10 días, prorrogable por 10 días más, para contestar las solicitudes y divulgar la información solicitada. Los legisladores municipales afirmaron que se reservan el derecho de acudir a los tribunales si no se entrega la información dentro del término que establece la ley.
