El 11 de septiembre se recuerda uno de los peores atentados terroristas de la historia, pero no fue el de las “Torres Gemelas” de Nueva York, sino el golpe de Estado militar contra el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende en Chile, en 1973. Decenas de miles de muertos, heridos, presos políticos y el aplastamiento de las libertades democráticas por parte de los militares encabezados por Augusto Pinochet.
Cada 11 de septiembre recordamos esos terribles aviones, pero no los de las “Torres Gemelas”, sino los que vimos en televisión bombardeando La Moneda, la casa presidencial chilena, en cuyo interior moría uno de los hombres más honrados y dignos de América Latina, el presidente Salvador Allende.
Ese crimen de lesa humanidad fue cometido no solo por los militares, sino con la complicidad y participación activa de la derecha política chilena, los momios, el empresariado agrupado en diversos gremios y cámaras, y sobre todo con el financiamiento y asesoramiento del gobierno de Estados Unidos encabezado por su presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger. No solo Pinochet y sus oficiales se embarraron de sangre sus manos, sino todos esos sectores que hemos señalado y que suelen disfrazarse de “paladines de la democracia”.
El gobierno de la Unidad Popular, la alianza de partidos que llevó a la presidencia a Salvador Allende, compuesta fundamentalmente por el Partido Socialista, el Comunista, el MAPU y otros, encabezó un programa de reformas democráticas que, aunque les llamaba la “Vía Pacífica al Socialismo”, en teoría debían ser completamente compatibles con un país capitalista, democrático e independiente: reforma agraria; nacionalización del principal recurso natural del país, el cobre; control de precios de la canasta básica; aumento de salarios; y reforma constitucional para acabar con el antidemocrático sistema bicameral.
Pero la dramática historia de Latinoamérica ha probado reiteradamente que, ni las burguesías tradicionales, hijas de las oligarquías latifundistas y comerciales del siglo XIX, y nietas de los encomenderos del siglo XVI, ni mucho menos el imperialismo norteamericano que nos trata bajo la Doctrina Monroe, están dispuestas a aceptar la menor reforma.
Cada tantos años, nuestros pueblos se movilizan con fuerza para remecer el control político de esos poderes ancestrales y apoyar algún movimiento y líder que proponga reformas a las tantas injusticias sociales y a los regímenes antidemocráticos que nos agobian. Y cada tanto, las fuerzas reaccionarias con apoyo del imperialismo norteamericano, ejercen todo tipo de maniobras políticas, golpes de estado “constitucionales” o sangrientos para ahogar en sangre los intentos de liberación nacional.
El gobierno de Allende sufrió el mismo destino que el de Juan D. Perón, Jacobo Árbenz, Joao Goulart, y más recientemente Aristide, Mel Zelaya, Fernando Lugo, Dilma Rousseff, Evo Morales. En la lista podríamos añadir las muertes sospechosas de Omar Torrijos, Jaime Roldós y Hugo Chávez.
No había terminado de ser electo Salvador Allende y ya el gobierno de Estados Unidos organizaba dos planes para impedirle asumir la presidencia: Track 1, para unir los votos de la derecha en el congreso a favor de Jorge Alessandri (que estaba muy enfermo) y que luego renunciara para unir a la derecha entorno a Eduardo Frei, plan que fracasó, porque el líder de la Democracia Cristiana, Radomiro Tomic reconoció el triunfo de Allende; el plan b o “Track 2”, consistente en crear el caos con el secuestro del general Schneider, pero que fracasó porque hirieron de muerte al militar.
Siguiendo un esquema que hemos visto tantas veces repetido, últimamente en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el siguiente paso del gobierno de Nixon consistió en cortar el flujo financiero hacia Chile, lo cual arreciaron cuando se produjo la nacionalización de las minas de cobre, en particular de las mineras norteamericanas Anaconda (propiedad de la familia Rockefeller) y Kennecott.
A partir de octubre de 1972, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) promovió y financió un paro de camioneros para paralizar casi por completo la economía chilena, paro empresarial al que se sumaron algunos industriales. Esto fue muy similar al “paro petrolero” de PDVSA en Venezuela en 2002-2003. El mismo esquema.
Desde inicios de 1973 Estados Unidos y un grupo de altos mandos de los tres cuerpos de las fuerzas armadas empezaron a trabajar en la preparación del golpe de Estado, y en aislar del mando a los militares constitucionalistas que seguían comprometidos con el respeto al gobierno legítimamente electo de Salvador Allende, entre ellos el general Carlos Prats.
Paralelamente, como ha sucedido en otros lugares, como en España ahora, la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces respondían a la oligarquía tradicional y a los gobiernos de derecha que los habían nombrado con antelación, procuraban dar “legitimidad jurídica” al sabotaje y al bloqueo a las nacionalizaciones.
El aviso de la inminencia del golpe de Estado ocurrió el 29 de junio de 1973, cuando un grupo de oficiales sacaron a las calles tanques con el objetivo de derribar al gobierno de la Unidad Popular. La movilización de la clase trabajadora en defensa de su gobierno y la lealtad del general Prats hicieron fracasar esta intentona.
A partir del “tanquetazo” la situación en Chile se radicalizó. La derecha extremó su sabotaje económico con cierres de fábricas e incluso asesinatos; por otro, la clase obrera se organizó en los llamados Cordones Industriales en los que procedió a ocupar las fábricas cerradas por los patronos y ponerlas a producir bajo dirección obrera, creando una especie de “soviets” o consejos obreros. Por su parte, los militares empezaron a hacer requisas en las fábricas tomadas en búsqueda de armas.
Frente al golpe inminente, la política de la izquierda se divide en dos alternativas contrapuestas: la de Allende, y las cúpulas del P.S. y P.C., de intentar un acuerdo con la Democracia Cristiana, incluyendo la posibilidad de un gobierno compartido; y, en otro sentido, la política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y su líder Miguel Enríquez, quienes apelaban a la organización, fortalecimiento y armamento de las Asambleas Populares y Comunales, el Poder Popular en las fábricas y fundos.
En el Teatro Caupolicán, el 17 de julio de 1973, Miguel Enríquez decía:
“Dos tácticas se ofrecen a la clase obrera y al pueblo. Una, que establece que no es posible profundizar la ofensiva popular, pues encendería de inmediato el enfrentamiento, que es necesario ganar tiempo; se mantiene al interior de la institucionalidad burguesa, a la que no deja de criticar, pero al no dar una salida alternativa a ésta, se abren al diálogo con sectores del campo contrario, el que sólo pueden construir devolviendo empresas y haciendo concesiones. Esta táctica está irremediablemente condenada al fracaso, pues buscando aliados en el campo contrario los pierde en el propio.
La otra táctica es la táctica revolucionaria. Es la táctica que ha puesto en práctica la clase obrera y el pueblo en las semanas recientes. La táctica revolucionaria consiste en reforzar y ampliar la toma de posiciones en las fábricas, fundos y distribuidoras. No devolver las grandes empresas tomadas, incorporarlas al área social bajo Dirección Obrera, imponiendo en la pequeña y mediana industria el Control Obrero.
Desarrollando la fuerza de los trabajadores fuera de la institucionalidad burguesa, estableciendo el Poder Popular en los Comandos Comunales, los Comités de Defensa, multiplicando y extendiendo la ofensiva popular, incorporando a ella a los pobladores, campesinos y estudiantes, extendiendo la movilización a todo el país. Desarrollando la alianza de los trabajadores con los soldados, suboficiales y oficiales honestos”.
Lo demás es historia conocida. El gobierno de Allende intentó un acuerdo con el PDC que la derecha no quería, pues avalaban el golpe de Estado. Irónicamente Eduardo Frei M., que apoyó activamente el golpe, sería asesinado por agentes de Pinochet en 1982.
El debate de la izquierda latinoamericana de entonces es el mismo que ahora: ¿Pueden gobiernos “progresistas” electos mediante el voto popular efectuar reformas elementales sin que sean saboteados y derrocados por las derechas traidoras y el gobierno de turno de Estados Unidos que solo quiere lacayos? Los hechos prueban que no. Con mayor o menor intensidad, todos los gobiernos progresistas han pasado por los mismo que el de Allende, y los que sobreviven lo hacen con un gran sacrificio para sus pueblos.
En función de ese debate de alternativas sobre el que reflexionaba Miguel Enríquez, el comandante Ernesto Che Guevara había dicho a partir de la experiencia cubana: “O revolución socialista, o caricatura de revolución”.
P.S.
A quienes quieran conocer este proceso en todo su dramatismo recomiendo el documental de Patricio Guzmán “La batalla de Chile”, que se encuentra en youtube. Son tres documentales: La batalla de Chile. Parte 1: La insurrección de la burguesía (https://youtu.be/NuQhPEmjUQQ ); La batalla de chile. Parte 2: La lucha de un pueblo sin armas ( https://youtu.be/Jp87m2xFibc); La batalla de Chile. Parte 3: El poder popular ( https://youtu.be/KSwStY5VfNw ).
Publicado originalmente en Alainet.
