En su pasada asamblea, celebrada el martes, 6 de abril de 2021, la matrícula de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) aprobó un voto de huelga “para ser ejecutado en el momento que sea necesario”. Faltando menos de 50 días para que LUMA Energy tome el control de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) es lógico pensar que ese “momento necesario” deberá verificarse en un tiempo relativamente corto.
Consideramos que hay dos elementos que deberán marcar dicho momento para garantizar las mayores probabilidades de éxito en el objetivo de que el Gobierno reconsidere se posición de iniciar la privatización de la AEE. En primer lugar, debe estar claro en la mente de un amplio sector de nuestro pueblo que esta huelga no se trata de lograr reivindicar demandas particulares de los empleados de la corporación pública sino de hacerle entender al Gobierno que de ponerse en vigor el leonino contrato negociado con LUMA Energy tendrá consecuencias desastrosas para el pueblo de Puerto Rico.
En segundo término, es medular que, al momento de la ejecución del voto de huelga, no solo quede afectada la AEE, sino que dicho proceso sea transversal a todo el país, aproximándose a lo que se denomina como una huelga general, cuya duración dependerá de la capacidad que tengan de sostener la misma los grupos sindicales, comunitarios y de otra índole que determinen apoyar los reclamos del pueblo puertorriqueño de ponerle un detente a la entrega de la principal industria del país a la voracidad de los grandes intereses económicos.
Las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, los portavoces de su partido en la legislatura y La Fortaleza, así como las de la Junta Dictatorial, apuntan al respaldo total a la ejecución del contrato, independientemente de lo oneroso del mismo para el presente y el futuro del país. La cabeza visible de la dictadura, la Sra. Jaresko, ha llegado al extremo de apuntalar su argumentación en la autoridad constitucional de los Estados Unidos para determinar lo que debe hacer la administración de sus territorios. Todas estas voces expresan un mensaje unificado con las declaraciones públicas de los ejecutivos principales del Consorcio LUMA Energy.
Por su parte, los opositores al contrato con la privatizadora han venido trabajando intensamente en concienciar a sus matriculas y al pueblo en general sobre las serias y graves consecuencias que tendrá la privatización de la AEE, la necesidad de movilizarse en contra del mismo y la importancia de patentizar militantemente el rechazo a las pretensiones gubernamentales. La UTIER, por su parte, ha iniciado una intensa campaña de medios haciendo claro el costo y las consecuencias de la acción gubernamental.
En la imposición del contrato con LUMA Energy, por encima de todas las irregularidades que caracterizan el mismo y los nocivos efectos que tendrá para el presente y el futuro del país, el gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia se juega su estabilidad y el futuro político del partido que lo llevó a La Fortaleza. El papel que definan asumir las otras formaciones políticas que hoy comparten instancias de Gobierno, también están en juego en esta coyuntura. El movimiento obrero y las organizaciones sociales igualmente tienen mucho por ganar o perder. La huelga de la UTIER será, de materializarse, un parte aguas en la vida de nuestro pueblo. La neutralidad no tiene un espacio de valor ante el reto que enfrenta Puerto Rico.
