Inmersos en la búsqueda de atender los asuntos más apremiantes de la matricula de cada gremio, minimizar el impacto de la legislación anti obrera aprobada por los dos partidos decadentes que ahora se comparten, fundamentalmente, el gobierno y atendiendo las necesidades más apremiantes para garantizar su supervivencia, los sindicatos en el sector público aparentan no haber hecho la lectura en la pared sobre lo que pretenden la clase patronal, sus partidos políticos y la Junta Dictatorial: la eliminación de la organización sindical en el sector público.
La publicación de varios estudios realizados por la Junta Dictatorial, sobre la realidad ocupacional de los empleados públicos, la necesidad de uniformar las escalas salariales y los puestos a nivel de todo el gobierno y su pertinaz insistencia en reducir el tamaño de la fuerza laboral de los empleados públicos apuntan en la dirección inequívoca de dinamitar los fundamentos de la organización sindical, por lo menos como la conocemos hasta el presente.
Reconociendo, sin el mayor sonrojo en la cara, que hace 16 años los empleados de las agencias públicas y desde hace 11 años los trabajadores de las corporaciones públicas, no reciben un aumento de salario justo, la directora de la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Sandra Torres, expone la necesidad de poner en vigor un Plan de Clasificación y Retribución que corrija esta situación.
Este pronunciamiento, en la antesala del vencimiento de la moratoria para la negociación de los Convenios Colectivos en el sector público, le quita de las manos a los gremios su herramienta más atractiva a la hora de retener unas matrículas que ahora, distinto a cuando se negociaron los acuerdos vigentes, ser parte del sindicato constituye un acto de la voluntad individual.
A lo anterior hay que añadirle dos elementos importantes que también se atisban en el horizonte. Aunque la Junta Dictatorial ha señalado tener objeción a los proyectos de retiro temprano ya legislados, la reducción inmediata de unas 17,000 plazas como primer paso a su proyecto de achicamiento del gobierno no deja de ser considerada como un primer paso si se logra hacer que estas personas que ya solicitaron del gobierno acepten acuerdos con beneficios ampliamente reducidos.
El segundo elemento, también dirigido bajo los auspicios de los partidos decadentes y la Junta Dictatorial, está en la sustitución de otros 16,000 empleados con edad promedio de 50 años mediante el uso de herramientas tecnológicas. A este grupo se les caracteriza en su estudio como “envejeciente y obsoleto”. En este caso cumplirían el doble propósito de liquidar a las personas que demandarían mejores condiciones de retiro en el mediano plazo y mediante la modalidad de movilidad sus plazas serán ocupadas por jóvenes cuyas expectativas de salario y condiciones de trabajo están condicionadas por la nueva realidad creada bajo las leyes de la Reforma Laboral.
La suma de ambos elementos, retiro con incentivos disminuidos y sustitución de los viejos, tendrán el oneroso impacto de una nueva Ley 7 que disminuiría significativamente las matrículas de los gremios del sector público en unos 33,000 unionados , y haría desaparecer prácticamente los cuadros intermedios del sindicato, tal y como ocurrió en el pasado. El otro aspecto que genera una acción de esta magnitud, el deterioro en la prestación de los servicios públicos, es considerado como un mal colateral que será asumido en su totalidad por los sectores vulnerables de la sociedad como ocurre al presente.
Finalmente, a mediano plazo, estará la implantación total de la Ley 8 de 2017 que transformará al reducto de empleados que permanezca en el sector público en empleados generales del gobierno y en forma alguna con la configuración de las unidades apropiadas existentes en el presente. Esta nueva clasificación de los empleados dará lugar a una negociación colectiva, si a esta etapa no han derogado la Ley 45, completamente distinta a la que conocemos hoy.
Los pasos para esta transformación de las relaciones obrero patronales en el Gobierno avanzan a pasos agigantados al impulso de los partidos decadentes de la clase patronal, las organizaciones privadas que ven en la eliminación del sindicalismo en el sector público una oportunidad para hacer mayores negocios y el fin de la debilitada organización sindical en el sector privado y de la Junta Dictatorial. Ésta no acaba de entender que, en un país con un pobre desarrollo económico como el nuestro, eliminar el gobierno como una fuente de empleo contribuye a la profundización de la crisis económica. Además, son ellos quienes certeramente ven en los sindicatos a su más tenaz antagonista.
El certificado de defunción no solo ha sido expedido para la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER). También lo están extendiendo a todos los sindicatos que representan trabajadores en todo el Gobierno de Puerto Rico.
